La protesta social contra un orden económico que arroja a la marginalidad a millones de argentinos, no puede ser criminalizada. Reclamamos el desprocesamiento de más de 2.500 luchadores que en todo el país han sido ‘judicializados’ por reclamar trabajo, salarios o comida para sus familias.

El poder judicial se usa para amenazar y castigar a los empobrecidos que no se resignan. Son muchos entonces los compañeros que hoy se encuentran sometidos a causas, imputados por delitos de extorsion y coaccion. Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, que lleva más de un año detenido, es el caso más paradigmático.

Desde hace más de 10 días Emilio Alí, dirigente del Centro Vecinal José Hernández de Mar del Plata y de la Comisión Marplátense contra la Represión (Gomare), está detenido por haber reclamado bolsas de comida junio ; a un grupo de desocupados en Casa Tia de Mar del Plata, el día 5 de mayo de 2000.

Hacemos pública nuestra denuncia de una Justicia que, con los ojos abiertos y la venda levantada, garantiza la impunidad de los ricos mientras encarcela a los hambrientos y defiende una miserable bolsa de comida para que no la pierdan los poderosos.

En consecuencia, los abajos firmantes exigimos la inmediata libertad del compañero Emilio Alí.