Piden condenas a genocidas por desaparecidos de Política Obrera


Los casos de los compañeros de Política Obrera Laura Dabas de Correa, Juan José “El Gallego” Cuello y Susana Granica fueron expuestos por la fiscal de la megacausa Esma, Mercedes Soiza Relly.


 


Laura, “el Gallego” y Susanita fueron secuestrados durante septiembre de 1977, y permanecieron cautivos en distintos centros clandestinos de detención hasta que fueron llevados a la Esma. 


 


Durante el alegato sobrevolaron, además, los nombres de otros compañeros constructores y dirigentes del PO: Fernando Sánchez y Gustavo “Mondragón” Grassi, también secuestrados y llevados a la Esma en septiembre de 1977. Sus casos, a 38 años de su desaparición, no fueron juzgados a pesar de las denuncias presentadas. Es un botón de muestra de que los juicios contra los genocidas se siguen realizando a cuentagotas.


 


Soiza explicó a los jueces que todos ellos fueron secuestrados por pertenecer a Política Obrera, destacando, además, que al momento de estos secuestros se encontraban presos, a disposición del Poder Ejecutivo, las parejas de estos compañeros, por ser también militantes y activistas de PO.


En 1977 Susana tenía 25 años y un hijo de 4 con su compañero, Carlos Schmerkin, quien estaba preso en la U9 de La Plata. Fue precisamente en las inmediaciones del penal, al terminar la visita, donde fue secuestrada Susana y llevada a varios centros clandestinos, donde fue torturada e interrogada sobre Política Obrera, en particular sobre los fondos del partido para la atención de los presos políticos.


 


En la madrugada del 21 de septiembre de 1977, una patota ingresa en el departamento que Laura compartía con sus pequeños hijos, la secuestra y la lleva al centro clandestino de detención El Atlético y, posteriormente, a la Esma.


 


Su compañero, Néstor Correa -actual secretario de Derechos Humanos de AGD-UBA- estaba detenido en Rawson por haber participado en el Villazo. Fue en el encierro donde se enteró de que su compañera también había padecido las torturas y los vejámenes cometidos por los represores.


Laura fue una militante revolucionaria, fundadora de la TERS, activa militante en el movimiento Familiares durante la dictadura militar, y militante del Partido Obrero hasta su muerte en 1987.


 


El “Gallego” tenía 24 años al momento de su secuestro, y su compañera, dirigente también de PO, Diana Quatrocchi, se encontraba presa a disposición del PEN en Devoto. Una vez en la Esma -previamente estuvo en otro centro a cargo del Ejército- le exhiben los volantes que el Partido había sacado exigiendo su libertad.


 


Los tres fueron liberados a fines de septiembre y estuvieron bajo libertad vigilada.


 


La fiscal destacó la declaración testimonial del compañero Néstor Correa -19 de febrero de 2014- que dio cuenta de los hechos. Fue Néstor quien le dio la identidad al “Gallego”, porque en el juicio Esma hasta el momento de su declaración era un NN.


 


La presencia de los compañeros en la Esma fue corroborada, además, por los listados históricos de sobrevivientes, como el de Fernando Kron y el testimonio de Lila Pastoriza.


 


No solamente los testimonios probaron que Política Obrera era una organización perseguida: en el caso de Laura, existe un informe de la ex Dipba (dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires) donde en la mesa de “delincuentes subversivos” se encuentra el legajo de ella con sus antecedentes de militancia brindados por la Side y el Batallón 601.


 


Por los secuestros de los compañeros, se acusó a 21 genocidas, entre ellos, los emblemáticos Jorge Acosta, Alfredo Astiz, y Ricardo Cavallo.


El próximo 28 de noviembre se cumplen tres años desde el inicio de este megajuicio -se espera sentencia para mitad de 2016-, lo que demuestra la pereza del Estado para perseguir a los genocidas.


 


La clase capitalista que financió y organizó el golpe es la misma que sigue gobernando hasta hoy. Es ese mismo Estado el que no abre los archivos de los servicios, desmantela el Banco Nacional de Datos Genéticos, malversa la memoria en los centros clandestinos de detención y se asocia a genocidas y cómplices de la dictadura como César Milani, Gerardo Martínez y Carlos Blaquier.


 


¡Juicio y castigo!