Recientemente, se confirmó la prisión preventiva de nueve policías por abusar de 28 mujeres detenidas por delitos menores, en la Comisaría Distrital Noreste Tercera de la localidad de La Tablada, entre septiembre del 2019 y enero del 2020.

El subcomisario a cargo de la seccional, Lionel Gómez, está imputado como “coautor” de los delitos de “severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por funcionario de la fuerza policial -ocho hechos-, todos ellos en concurso real entre sí” junto con otros 8 policías más, hombres y mujeres. En mayo, cuatro de ellos habían negado los cargos en su contra.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) actúa como denunciante. En enero, el Ministerio de Seguridad de la provincia intervino la comisaría y desafectó a algunos implicados, pero recién en mayo dictó la prisión preventiva  la jueza de Garantías N°1 de La Matanza, quien declaró la probabilidad de que se entorpeciera la causa de lo contrario. Sin embargo, el tiempo transcurrido entre los hechos y la respuesta por parte del Estado han sido más que suficientes para que las víctimas fueran amenazadas para evitar que narren lo que padecieron. Al momento de la detención, cuatro acusados estaban aún en funciones.

El Estado y sus instituciones, el primer violento

En la comisaría matancera, las mujeres fueron víctimas de requisas que conllevaban una serie de torturas, incluyendo el abuso sexual sobre varias de ellas. La CPM agregó que estas requisas “fueron provocadas por agentes policiales mujeres y varones que en gran número  presenciaban los actos aberrantes golpeando, amenazando, insultando y burlándose mediante frases estigmatizantes, racistas y prejuiciosas”. Las víctimas señalaron reiteradamente a una mujer policía como la que llevaba adelante los abusos sobre los cuerpos de las detenidas, lo que muestra que para una institución del Estado no hay diferencia de género que valga a la hora de desplegar el ejercicio de la opresión. A ello se sumaron las condiciones en las que se encontraban las detenidas, que la CPM caracterizó “como un campo de concentración”, y las amenazas e intimidación posterior para que las detenidas no denuncien lo que vivieron.

Este no es un caso aislado. Durante estos días hemos visto en distintos puntos del país y del mundo cómo se reitera el abuso policial. El accionar represivo hacia los trabajadores en general y las mujeres en particular, que está doblemente agravado en la opresión sexual utilizada como método de control social, está legitimado por el Estado. Se suma a ello el hacinamiento en las comisarías, las detenciones sin condenas de las presas sociales, etc.

Luchemos contra un régimen de sometimiento y opresión

La prisión para los responsables materiales puede encontrar rápidamente sus límites en la medida en que los responsables políticos, actualmente Fernando Espinoza y Axel Kicillof, sigan fogoneando la injerencia de las fuerzas policiales en el municipio, de la mano del discurso de la “policía del cuidado” de Alberto Fernández, en un intento de lavado de cara del accionar represivo.

A lo máximo que pudo aspirar el Estado capitalista cuando ocurren estos hechos es a sancionar a los autores una vez que han sido cometidos, si es que lo hace, pero tiene un límite para erradicar la violencia, pues las fuerzas de seguridad y la justicia reproducen el interés del Estado capitalista del que son parte. Es así como se explica, por ejemplo, que el comisario Ricardo Triches, responsable de la comisaría de Miramar cuando asesinaron a Natalia Melmann, lejos de ser procesado inmediatamente fue relevado, y apareció años después como Secretario de Seguridad en Monte Hermoso cuando asesinaron a otra mujer, Katherine Moscoso, quien estuvo seis días desaparecida.

Exigimos juicio y castigo para todos a los responsables. Elección por voto popular y con mandato revocable de jueces, fiscales, comisarios y funcionarios ¡Basta de violencia, abusos y femicidios!

Valernos de un Consejo Autónomo de Mujeres será una herramienta de organización política para que, con autonomía frente al Estado y presupuesto, seamos nosotras quienes tomemos en nuestras manos la batalla contra la opresión y la violencia.

¡Ni una Menos! ¡El Estado es responsable!