En una semana, se sumaron centenares de firmas por el desprocesamiento de Néstor Pitrola, Vilma Ripoll, Javier Hermosilla, Ramón Bogado y todos los compañeros y compañeras judicializados por haber sido parte de la lucha de Kraft del año 2009.

Referentes del movimiento de derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo) y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos; sindicatos como las CTA de Neuquén y Bahía Blanca, Ademys, la AGD-UBA y delegados de una docena de gremios; varios diputados, entre ellos, Margarita Stolbizer, Claudio Lozano, Fernanda Gil Lozano y Elsa Quiroz, constituyen las primeras firmas de esta campaña que recorre el país.

Ya se habla de una “megacausa Kraft”: hay 40 trabajadores procesados por el delito de “usurpación”, en relación con la semiocupación de la planta que fue salvajemente desalojada por la infantería de la Bonaerense; los dirigentes se encuentran procesados además por “coacción” (llevar compulsivamente a sus compañeros a la huelga) y la patronal inició juicios de desafuero contra la mayor parte de los delegados que componen la actual comisión interna. En los tribunales de San Martín se tramita, además, la causa federal por los cortes de la Panamericana, que está a cargo del juez Mariano Larrea. Esa causa se apoya en “información de inteligencia” aportada por elementos de Gendarmería infiltrados en los piquetes. El juez Larrea dictó embargos a razón de 30 mil pesos por corte contra cada compañero; de este modo, Pitrola se encuentra embargado por 60 mil pesos, Ripoll por 120 mil, Bogado por 180 mil y Hermosilla por 290 mil pesos -entre otros. Esto significa una inhibición sobre sus bienes por esos montos y restricciones severas en caso de intentar acceder a un crédito, pero también puede dar lugar al embargo de sus salarios los trabajadores de Kraft ganan, en promedio, 4.500 pesos en mano. El procesamiento de dirigentes como Pitrola y Ripoll implica un salto en la escalada de “judicializaciones” contra luchas y protestas sociales, ya que se pretende penalizar la acción política de dirigentes que apoyaron los reclamos y medidas resueltas por los obreros y obreras de la fábrica.

Esta causa es una represalia contra los trabajadores de Kraft, que impusieron buena parte de las reivindicaciones que los llevaron a la huelga (demandas sanitarias, reincorporación de despedidos) y que ahora vienen de revalidar, por segunda vez consecutiva, el mandato de una comisión interna integrada por los dirigentes de aquella lucha que rechazaron todo tipo de compromiso de “paz social” con la patronal. El desprocesamiento de todos los compañeros y el cierre de esta causa judicial infame es una lucha que debe involucrar a todos los trabajadores, en defensa de las organizaciones obreras y del sindicalismo independiente.

La tentativa del gobierno nacional de quitarle la personería gremial a Apta, junto con el desconocimiento del 35% de aumento negociado por Uatre en las paritarias, son un tiro por elevación contra todo el movimiento obrero frente al ajustazo que se viene. Mientras anudan compromisos con la burocracia, los K apuntan a descabe: al sindicalismo combativo.

Redoblemos la campaña por desprocesamiento de Pitrola y todos los compañeros.

 

Marcha contra la criminalización de la protesta social

Diez mil personas nos movilizamos a Plaza de Mayo para reclamar el desprocesamiento, cierre de las causas y anulación de las condenas contra los luchadores y por la libertad de los presos políticos. Fueron convocantes más de doscientas organizaciones gremiales, de derechos humanos, políticas y estudiantiles; entre ellas, los ferroviarios del Sarmiento y del Roca opositores a Pedraza, el cuerpo de delegados del Teatro Colón, los obreros de la construcción  agrupados en el Sitraic y delegados de la Línea 60.