Después del veredicto absolutorio de la jueza Pardini, respecto de Gabriel Andrés Morales y Julio César Gudiño, trabajadores de Fargo, quienes habían sido acusados, en el marco de una huelga en mayo de 2007, de privación ilegal de la libertad agravada de los directivos de la empresa.

El fiscal Chiminelli apeló la sentencia y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal revocó el fallo absolutorio y condenó a Morales (dos años y dos meses) y a Gudiño (dos años), ambas condenas, de ejecución condicional.

Una vez que la Cámara de Casación declarara inadmisible el recurso interpuesto, se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, para que se garantice el derecho a revisar la condena.

El hecho de que Gabriel y Julio fueran condenados por la Cámara de Apelaciones cuando la jueza de primera instancia los absolvió y se impida la revisión de la sentencia implica la violación de los derechos constitucionales, lo que es conocido como “doble instancia”.

Esta presentación será acompañada por los obreros de Fargo y las organizaciones sindicales, estudiantiles, de derechos humanos y políticas de la zona, de la misma forma en que se hizo en los días del juicio (el 25, 26 y 27 de marzo pasado), generando una enorme conmoción en los tribunales de Mercedes, en el oeste y particularmente en Moreno, protagonizando multitudinarias movilizaciones y juntando cientos de firmas y de pronunciamientos exigiendo la absolución de los compañeros de Fargo.

Así como ayer se puso en el banquillo de acusados a dos obreros por haber hecho un reclamo salarial y ejercer el derecho a huelga, hoy se vulnera el fallo absolutorio y se los intenta condenar buscando marcar un antecedente gravísimo para la clase obrera que se organiza y lucha.

Este método inusitado de arbitrariedad legal sobre un fallo escandaloso es un atropello al derecho de huelga, se coloca en sintonía con la política de espionaje del aparato represivo en la Ciudad de Buenos Aires; en el encubrimiento de La Bancaria, Zanola y la mafia de los medicamentos; frente a la impunidad que esta Justicia le garantiza a la patota del STIA, en impartir órdenes de represión sobre los trabajadores de Kraft frente a la huelga y los cortes de ruta.

Es el manotazo de ahogado de un Estado político y jurídico putrefacto, que intenta detener la organización de las masas y las luchas obreras y estudiantiles que se producen a lo largo y a lo ancho del país.

Contra este atropello, el 6 de noviembre marcharemos a la Suprema Corte de Justicia provincial en La Plata para obtener la completa absolución de los compañeros Morales y Gudiño, y en defensa del derecho a huelga como método de organización y lucha.