En marzo de 2009, los trabajadores de Fargo Gabriel Morales y Julio Gudiño fueron a juicio acusados de “privación ilegal de la libertad agravada” sobre los directivos de la empresa, en el marco de una huelga que protagonizaron casi dos años antes. Durante las audiencias, el testimonio de los compañeros de Morales y Gudiño desbarató esa acusación fraudulenta. A la hora de la sentencia, la jueza en primera instancia, Dra. Pardini, dictó su absolución. Fue la culminación de una vasta movilización obrera y popular en la zona oeste en solidaridad con los compañeros y contra la criminalización de las luchas obreras.

El fiscal Chiminelli apeló la sentencia y la Cámara de Apelaciones revocó de un plumazo el fallo absolutorio, condenando a Morales y Gudiño a dos años y dos meses y a dos años de prisión en suspenso, respectivamente.

La súbita condena a Morales y Gudiño fue posible gracias a la reforma del Código Procesal Penal de la provincia, que eliminó la doble instancia de revisión de la condena para delitos menores a seis años. Esto significa que habiendo sido absueltos en un primer juicio, ese fallo fue revocado por la Cámara de Apelaciones ante el solo pedido del fiscal, sin que los compañeros tuvieran posibilidad de ejercer nuevamente su defensa. Este antecedente es muy grave para el movimiento obrero. La misma situación podría reiterarse en las causas penales pendientes sobre los compañeros de Kraft y FP por ejemplo. Por otra parte, durante el primer juicio, el fiscal solicitó el procesamiento de otros 14 obreros de Fargo. Chiminelli está en busca de un “fallo ejemplar” contra las huelgas.

La condena a los compañeros se inscribe en una ofensiva más general del gobierno Scioli sobre el movimiento obrero y las libertades democráticas (reforma del código contravencional, represión y militarización en Kraft, Pilkingston, FP, etc.) y coloca en el centro de la cuestión jurídica y política el problema de la defensa del derecho a huelga y la validez constitucional de la de la reforma del código procesal con la cual Scioli pretende limitar las excarcelaciones y las libertades extraordinarias, lograr mayor cantidad de sentencias firmes y aumentar el nivel de encarcelamiento. En el corazón de este ataque se encuentran las luchas de los trabajadores.

La conferencia provincial del Partido Obrero resolvió impulsar una gran campaña para derrotar esta aberración. La Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), que ha ejercido la defensa de Morales y Gudiño, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Buenos Aires. Es necesario recoger el pronunciamiento masivo de las organizaciones populares y democráticas en defensa de las huelgas, por la absolución de los compañeros y por la anulación de la reforma reaccionaria del código procesal.