Hace prácticamente tres años y medio, exactamente el 25 de marzo de 2003 Pablo Heller fue detenido con motivo del violento desalojo policial de Sasetru. Como resultado de la lucha librada, los compañeros de Sasetru reingresaron a la planta cinco meses después y conquistaron la expropiación de la planta. Eso no ha impedido que prosiguiera el proceso penal abierto en el momento del desalojo (que se tramita en los Tribunales de Lomas). El compañero Heller esta imputado por los delitos de usurpación y desobediencia a la autoridad.

Esta causa se inscribe en la escalada represiva en curso dirigida a criminalizar la protesta social. Un blanco principal de esta ofensiva lo constituyen las fábricas ocupadas y bajo gestión obrera. Hay varios juicios contra compañeros que salieron en defensa de sus lugares de trabajo. En algunas causas, como la de Brukman, el juez confirmó el procesamiento de los compañeros invocando los mismos delitos que ahora se les pretende imputar a los de Sasetru. Coincide, además, con la ofensiva política y judicial en curso para desalojar el Bauen y La Toma (ex Supermercados Tigre, de Rosario). A todo esto hay que agregar el ataque a Zanón: el juez ha acortado sensiblemente los plazos legales en los que los trabajadores están autorizados para continuar al frente de la fábrica. De un modo general, están venciendo las expropiaciones transitorias de todas las fábricas recuperadas.

La causa de Sasetru debería haber sido archivada hace mucho. El desalojo se produjo en momentos en que el Concejo Deliberante Avellaneda aprobaba la expropiación de las maquinarias y exhortaba a la provincia a proceder en idéntica forma con el inmueble. Con la ley aprobada en la mano, los compañeros de Sasetru exigieron quedarse en el establecimiento, custodiando los bienes. Esta circunstancia no fue tenida en cuenta, sin embargo, por el juzgado, pese a las febriles tratativas que se entablaron en el momento, donde estuvieron presentes las máximas autoridades políticas de Avellaneda. Asistimos a una verdadera provocación entre cuyos instigadores se encuentran los propietarios del establecimiento: la empresa Molisur, satélite de Molinos, perteneciente al grupo Pérez Companc. La única “usurpación”, en realidad, es la que venia ejerciendo ese grupo económico que había comprado el establecimiento para mantenerlo cerrado, convirtiendo el predio en un nido de ratas.

La confirmación de la causa apunta a criminalizar la lucha contra los despidos y suspensiones, y contra los cierres de empresa.

Llamamos a derrotar esta nueva ofensiva.