Prisiones domiciliarias: entre la improvisación y los privilegios

La decisión de otorgarles prisión domiciliaria a presos por diversos delitos, algunos de extrema gravedad, ocupa el centro del debate en el medio de la cuarentena.


Quienes están a favor colocan como razón un hecho indiscutible: las cárceles por la imposibilidad de mantener un aislamiento (¡justamente de quienes están aislados!) por las condiciones de hacinamiento, la falta de elementos de limpieza personal y general, la mala alimentación (la mayor parte de los presos comen de lo que les llevan sus familiares cuyas visitas se cortaron), la ausencia de controles y atención médica, etc. son verdaderas trampas mortales ante el contagio con coronavirus. En la cárcel de Devoto ya se conocen dos casos positivos y hubo uno en la de Florencio Varela


Quienes están en contra señalan lo temerario de la medida, ya que una liberación indiscriminada (o solo regida por ser población de riesgo por la edad o por enfermedades preexistentes) puede implicar revictimizar a las víctimas (o las familias de estas), ya que no hay condiciones materiales existentes para tener un control de quienes son liberados (tobilleras electrónicas o controles directos, etc.). Se señala el caso de la liberación de un abusador de una niña de 13 años en Burzaco (y con condena) que por decisión del juez de Casación Víctor Violini, de la provincia de Buenos Aires, fue liberado el 24 de abril y está viviendo a 50 cuadras de su víctima; el condenado, Pedro Olmos, obtuvo el beneficio por tener 67 años y es parte de los más de 2.300 reclusos a los que Violini les firmó la prisión domiciliaria.


En las dos posiciones se parte de la misma realidad: las cárceles no son “sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”, como reza la Constitución Nacional que todos los que asumen un cargo público juran cumplir. Lejos de esos las cárceles se han convertido en verdaderas “fábricas” de mano de obra barata para los crímenes e ilícitos que se organizan bajo el amparo del propio aparato del Estado por políticos, jueces, fiscales, fuerzas policiales, etc., como es el narcotráfico, el robo de autos, la trata, el juego clandestino, entre otros.


Los gobiernos que vienen empobreciendo aceleradamente a la población (y por lo tanto creando un caldo de cultivo para el delito y, con ello, para poblar las cárceles), que les quitan recursos a la salud, a la educación, muchos menos van a aportar para convertir las cárceles para la rehabilitación de quienes han delinquido. Quienes no cuidan y negrean a los trabajadores de la salud, que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia, no van a destinar fondos para cuidar a los presos.


La superpoblación carcelaria es por último la expresión de la descomposición social a la cual ha sido llevado el país como consecuencia del sometimiento a los usureros, el FMI y los grandes capitalistas.


Las protestas en diversas cárceles, algunas de las cuales con trágicas consecuencias como la de Florencio Varela, responden a la gravedad de la situación sanitaria dentro de las mismas y ante la certeza de que no hay disposición a mover un dedo para impedirla. Así y todo una chispa que encendió los reclamos es la evidencia de que algunos presos VIP lograron zafar poniendo como argumento el coronavirus, es el caso de Boudou, y el propio involucramiento del secretario de DD.HH, en reclamar la domiciliaria para Jaime, el responsable de la masacre de Once, entre otros crímenes. Que entre los “liberados” se encuentre un violador, un condenado por crímenes de lesas humanidad, barrabravas, etc. revela que hay hijos y entenados.


El otorgamiento de las prisiones domiciliarias aparece entonces determinado por la arbitrariedad a la cual se arriba si se cuenta con influencias, buenos abogados, y el acercamiento al poder. Los presos pobres aparecen condenados de antemano a quedar a la buena de Dios, lo cual acentúa la desesperación.


Desde Juntos por el Cambio y otras fuerzas políticas, que buscan recuperar un protagonismo, salieron contra la resolución de los jueces con la mira puesta en el oficialismo. Pero ha sido desde dentro del elenco gobernante donde aparecieron las más duras críticas con Sergio Massa y Berni, que sigue siendo secretario de Seguridad de Kicillof, a la cabeza de la diferenciación con el visto bueno que dio el propio ejecutivo.


La pretensión de este grupo busca empalmar con los rechazos generalizados a la medida ante la evidencia que esta tiene un carácter improvisado y temerario, sin precauciones y sin explorar otras vías para impedir que estalle la bomba sanitaria (con consecuencias para toda la población) como por ejemplo crear espacios donde se puedan mantener la distancia y vigilar la salud de los reclusos y que seguramente hubieran necesitado mayores recursos, así como proceder a darle la domiciliaria a aquellos que no impliquen un peligro para sus víctimas. A su vez buscan ocultar sus propias responsabilidades en la situación creada.


En todas las cuestiones, las decisiones del gobierno están dictadas por el sometimiento a los intereses capitalistas que actúan como un impedimento para tomar las resoluciones que hagan al interés general.


 



 

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