Privación de justicia

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires ha ordenado la realización de un nuevo juicio en la causa por el asesinato, hace cinco años, de Willy, Negro y Oscar, debido a la apelación presentada por los familiares contra el exiguo monto de las penas aplicadas a los policías acusados. La Corte, aunque omitió pronunciarse sobre el reclamo, alegó, en cambio, la existencia de “irregularidades” de forma en el proceso.


Entre los familiares, amigos y vecinos de Budge se ha abierto un interrogante: ¿servirá esta decision para hacer verdadera justicia en el caso? Los principales acusados, Balmaceda y Miño, fueron impuestos de una pena menor —cinco años— por “homicidio en riña” que autoriza la excarcelación luego de tres años y medio. Rito Romero fue el único inculpado de homicidio simple, recibiendo una pena de once años. Teniendo en cuenta que en la causa se probó que las armas que supuestamente tenían los chicos no funcionaban ni hubo riña ni fue homicidio simple, se trata de acuerdo al Código de triple homicidio calificado con alevosía, lo que implica una condena de entre 20 años y cadena perpetua.


La Corte, en cambio, ha “pateado la pelota afuera” al omitir pronunciarse sobre los graves cargos formulados contra la sentencia anterior. Al ordenar un nuevo juicio, habrá que realizar nuevamente toda la prueba. En la causa ya se había logrado probar que las armas que supuestamente tenían los chicos no funcionaban; además, los testigos declararon que las armas fueron puestas por la policía. Se probó también (fojas 347/82) que una de las víctimas, Argañaraz, fue llevada con vida del lugar; pero en la autopsia se comprobó que murió por disparos de bala que hicieron impacto en el cráneo, lo que revela que fue muerto en el trayecto al hospital, ya que no se sobrevive a impactos en esa zona del cuerpo. Se probó también (fojas 104 y 108) que Oscar Aredes fue muerto de un disparo en la espalda (pericia doctores Ferrati y Muñoz), lo que también destruye la teoría del “enfrentamiento o riña”.


A ello se suman los testimonios claves de quienes declararon que los pibes fueron ametrallados indefensos.


En este cuadro, realizar nuevamente el juicio significa, lisa y llanamente, borrar todas estas pruebas, que deberan ser producidas de nuevo. Luego de cinco años, la mayoría de esas pruebas se han borrado. Las autopsias no revelarán los mismos datos, debido al natural deterioro de los cuerpos. Los testigos deberán ser ubicados nuevamente. Los testimonios claves fueron apoyados por el calor de una movilización popular que los animó a decir lo que habían visto. Las armas, luego de tanto tiempo, ¿estarán en las mismas condiciones que revelaron aquellas pericias?


El fallo de la Corte se produce en un cuadro de militarización policial del conurbano. El gobernador Duhalde ha cursado orden de comprar diez mil pistolas, cuarenta helicópteros, cientos de autos y camionetas y ¡1.500 carros de asalto antidisturbios! (Noticias, 4/4). Se trata de fortalecer a la “policía brava”, pero no en el rubro “persecución de delicuentes”; esos carros y helicópteros son, como su función lo indica, para reprimir las manifestaciones populares. Precisamente, el propio Budge fue protagonista, días pasados, de una feroz represión policial por reclamar por sus derechos. Esto se revela como una advertencia ante el nuevo juicio.


Budge ha pasado nuevamente a convertirse en un bastión de la lucha popular contra el gatillo fácil y la represión a la juventud. El barrio deberá organizarse, con el apoyo popular, para enfrentar las provocaciones y movilizarse para exigir el juicio y castigo del asesinato.