Un informe del Juez en lo Correccional N°2 de La Plata, Eduardo Ezkenazi, en el marco de un recurso de Habeas Corpus colectivo, concluye que la sobrepoblación carcelaria de la Provincia de Buenos Aires alcanza la cifra de 12.980 personas por sobre la capacidad de alojamiento de las unidades penitenciarias.

El aberrante dato parte de considerar que las cárceles y alcaldías cuentan con capacidad para albergar a 27.742 presos, pero el alojamiento real llega 37.704. A eso hay que sumar 3.470 detenidos en comisarías por el colapso mencionado. La tendencia marca un agravamiento de esta situación, ya que durante 2017 creció la población carcelaria en 4.276 personas, triplicando la media de los años anteriores.

Esto deriva en condiciones inhumanas de hacinamiento, que incluye además del amontonamiento la falta de colchones y la insuficiencia de sanitarios, incluido el desborde de las cloacas. Son muchos los que deben dormir pegados a los sanitarios por falta de espacio. Es este cuadro el caldo de cultivo para el desarrollo de situaciones violentas que se dan en forma cotidiana, en varias ocasiones con víctimas fatales. Por supuesto, esa violencia es promovida por el accionar del personal penitenciario, que incluye torturas a quienes están privados de su libertad.

La crueldad de esta situación se puso de manifiesto hace un año, cuando en la Comisaría 1ª de Pergamino murieron 7 jóvenes en un incendio en el calabozo, ante el cual la Policía impidió el acceso a los bomberos. Los familiares de las víctimas todavía se encuentran exigiendo justicia por esta masacre.

El referido informe destaca también que son al menos 4.216 los internos que no pueden acceder a la educación básica, primaria y secundaria. El Estado se encuentra violando todas las garantías constitucionales y de los pactos internacionales de Derechos Humanos a los detenidos.

El sistema penitenciario es una de las caras más crueles de la descomposición social a la que lleva un régimen que nada tiene para ofrecer, en el cual el Estado actúa al amparo del delito organizado, las redes de trata, el tráfico de armas y el narcotráfico –que se han convertido en negocios mucho más rentables que la inversión productiva, en un mundo en crisis de sobreproducción. Las recientes disposiciones de Aguad para la injerencia de las Fuerzas Armadas en el “combate” a esos delitos no harán más que incrementar los lazos entre el propio aparato represivo y el crimen organizado, como se expresa en todos los países en los que esa doctrina se implementó –tal es el caso de México y su “Guerra contra las drogas”.

Es esta misma catástrofe social la que abre las posibilidades para que la policía reclute agentes para el delito organizado entre la juventud sin futuro de las villas y asentamientos, así como obliga a los propios reclusos para que salgan a delinquir para ellos. El asesinato de Luciano Arruga por negarse a robar para la Policía, es un claro ejemplo de este accionar mafioso y criminal de las propias fuerzas de seguridad. La “doctrina Chocobar” reforzará estos métodos, y garantizará la impunidad para aquellos que cometan “excesos”.

Este sombrío panorama no tiene salida si no es sobre la base un gobierno de trabajadores que reorganice la sociedad sobre bases completamente nuevas, desmantelando al Estado capitalista y sus fuerzas represivas. El plan de guerra del gobierno contra los trabajadores, por el contrario, incrementará la explotación, la miseria, y perpetuará este colapso inhumano en las cárceles y comisarías de la provincia.