La investigación sobre las responsabilidades políticas en el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki,  la masacre de Avellaneda, fue desarchivada nuevamente.

Por segunda vez, a pedido de los familiares y cerca de un nuevo aniversario, se reactiva con la solicitud de nuevas medidas de prueba.

 

Ahora, el mismo juez Lijo -que en 2010, luego de rechazar medidas de prueba solicitadas por el entonces fiscal de instrucción, Miguel Angel Osorio, decidió el archivo de las actuaciones- resuelve, cuatro años después, que se lleven a cabo nuevas pruebas.

 

En esta causa se investigan las responsabilidades políticas que pudieron haber tenido el entonces presidente Eduardo Duhalde, Carlos Ruckauf, y quien fuera ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Juan José Alvarez.

 

El fiscal federal Diego Iglesias dispuso recabar datos que no se completaron durante todos estos años. Por ejemplo, al jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el fiscal le pidió que aporte la información sobre las líneas de telefonía celular, satelital o bien otra forma de comunicación asignadas al entonces presidente Eduardo Duhalde en 2002, al momento de los crímenes de Darío y Maxi. Por otra parte, al ministro del Interior, Florencio Randazzo, le solicitó que informe sobre los equipos asignados a secretarios y subsecretarios de su repartición en ese entonces.

 

En el mismo sentido, se solicitó a la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez, un oficio a raíz de que nunca informó dicho ministerio en forma detallada sobre la totalidad de efectivos de Policía Federal que intervinieron en el operativo de seguridad que se montó en el acceso desde provincia al Puente Pueyrredón. Y al ministro de Seguridad Bonaerense Alejandro Granados, “la composición exacta de la línea de mando de las fuerzas provinciales abocadas a los dispositivos de seguridad” que actuaron ese día.

 

En realidad, estos cuatro requerimientos ya se habían realizado en 2006. Desde entonces, los funcionarios evitaron brindar esa información o lo hicieron en forma incompleta.

 

Que casi nueve años después se le ocurra ahora al fiscal de la causa reclamar la contestación de esos informes deja al desnudo la complicidad del Poder Judicial federal con la impunidad de los responsables políticos de la Masacre del Puente Pueyrredón, durante todo estos años.

 

La expectativa de que el cruce de llamados telefónicos de funcionarios de la Policía Bonaerense con funcionarios duhaldistas brinden nuevas pruebas ha caído en un nueva frustración, ya que rápidamente Gendarmería Nacional se ha encargado de informar que por limitaciones técnicas del software de Inteligencia Criminal de la Gendarmería, no se puede ampliar la cantidad de datos y cruces que los ya realizados en un peritaje en la causa en 2008.

 

Sobre la masacre de Avellaneda pesa un verdadero pacto de impunidad desde los más altos niveles del Estado.