En la madrugada del viernes 2 de mayo, Raúl “Boli” Lescano, dirigente de Quebracho, preso desde el 3 de diciembre de 2013, sufrió un ACV hemorrágico y su estado es grave.

Lescano fue víctima de la total desidia del Sistema Penitenciario, que demoró su traslado por horas a pesar de que su presión arterial máxima era de 21, y sólo ordenó su traslado cuando se apersonó su abogada defensora. Cuando se dispuso el traslado ya era tarde, produciéndose el ACV masivo en la ambulancia que lo trasladó al Hospital Interzonal de Ezeiza, donde directamente informaron que no sobreviviría. Sus familiares y compañeros decidieron derivarlo a una clínica de Ensenada, donde actualmente se encuentra internado en terapia intensiva.

Raúl Lescano fue condenado por organizar un “escrache” contra Sobisch, ex gobernador de Neuquén, en el marco del repudio popular frente a la muerte de Carlos Fuentealba en abril de 2007.

Al momento de la ratificación de su condena y posterior detención, a fines del año pasado, los médicos de la corte dictaminaron que debía recibir atención médica permanente, razón por la cual se pidió que se le diera el beneficio de la pena domiciliaria. El Tribunal Oral Federal Nº 3 le negó esta posibilidad a pesar de estar reponiéndose de una intervención quirúrgica, realizada en diciembre. Sin embargo, cuando se trata de genocidas detenidos, los tribunales federales otorgan este beneficio ante la sola acreditación de certificados médicos.

Tanto el Poder Judicial como el gobierno nacional dieron un trato revanchista a Lescano y su compañero Fernando Esteche: ambos fueron condenados por haber organizado un escrache contra Sobisch, mientras los miembros del gobierno de Neuquén y los jefes policiales neuquinos, responsables del asesinato de Fuentealba, gozan de impunidad.
El Espacio Memoria, Verdad y Justicia, del cual Apel es parte, se entrevistó en la semana con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, exigiendo su inmediata libertad y responsabilizando al Estado por la salud y supervivencia del “Boli” Lescano.

Los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, del Frente de Izquierda, lo visitaron en la clínica para interiorizarse de su estado, y todos los diputados del Frente de Izquierda presentaron una declaración en el Congreso Nacional exigiendo su inmediata libertad.


C. F.