Represión en el Borda: comenzaron las indagatorias

Apel

El 26 de abril de este año, efectivos de la Metropolitana y su cuerpo de élite, armado y encapuchado, fueron convocados en apoyo de una empresa constructora, que procedió a la demolición del Taller Protegido 19 dentro del hospital, donde los pacientes realizaban tareas de rehabilitación.


La presencia policial había sido solicitada por el ministro de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín, autor intelectual del proyecto para construir un centro cívico en terrenos del Borda, obra que requería de la destrucción del taller protegido. Chaín mantenía una comunicación permanente con el jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, presente en el lugar de los hechos.


La demolición (efectuada sin respetar una prohibición establecida judicialmente mediante una medida cautelar) fue resistida por trabajadores, pacientes, familiares, profesionales y militantes sociales. Sin distinción, fueron reprimidos con balas de goma disparadas a quemarropa. El saldo fue de más de 50 heridos, entre ellos cuatro pacientes. Según el director del hospital, otros 14 pacientes resultaron afectados por el violento operativo.


La investigación recayó en el juzgado de instrucción en lo Criminal y Correccional Nº 30, a cargo de Jorge Adolfo López. En ese tribunal se unificaron las denuncias que desembocaron de la brutal represión en el Borda. También se tramita ante dicho tribunal la causa en que están imputados los trabajadores y periodistas detenidos por la policía ese día.


En una expresión de la aplicación de la teoría de los dos demonios por parte del Poder Judicial, el juez López comenzó llamando a indagatoria a la enfermera Cristina Salem, del hospital Garrahan -una mujer con problemas de movilidad, que se traslada con la ayuda de un bastón-; Susana Bejarano, enfermera del Borda; la dirigente de ATE nacional Karina Maloberti, trabajadora del Senasa; el delegado de los talleres protegidos Horacio Melnik, y la fotoperiodista Belén Rebollo. También están imputados, aunque aún no fueron citados, el padre de un paciente y el médico Guillermo Puertas, jefe del pabellón 17 del Borda.


En esa causa, tanto el juez como la Cámara del Crimen rechazaron la pretensión del gobierno porteño de ser querellante. El argumento fue que funcionarios de esa administración podían ser imputados en la causa, algo que finalmente ocurrió con la citación de las nuevas indagatorias de los funcionarios macristas para la próxima semana. Pero, con el mismo argumento, fueron rechazados como querellantes todos los denunciantes, entre ellos la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).


Fueron citados a indagatoria el titular de Desarrollo Urbano porteño, Daniel Chaín, el jefe de la Policía Metropolitana, Horacio Giménez, y de un comisionado de esa fuerza, Martín Roth, quien ese día disparó contra civiles, pacientes, periodistas y diputados, según testigos y registros fílmicos. El juez imputa a los tres por los delitos de abuso de autoridad, requerimiento ilegal de la fuerza pública y desobediencia de una orden judicial.


Absolución inmediata a los trabajadores y víctimas de la represión. Condena a los represores del gobierno macrista.