Desde la movilización del 1 de septiembre del 2018, por el aniversario de la desaparición de Santiago Maldonado, las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre del 2017, contra la reforma previsional y, por último, la del 24 de octubre contra la aprobación del presupuesto del FMI, se reproduce el mismo ´modus operandi´ en todas las manifestaciones masivas:

Un pequeño grupo se desprende de los manifestantes –o sale no se sabe de dónde– y comienza a tirar piedras e ir contra las vallas. Durante un lapso de tiempo, se observa la “inacción” de la policía, que permite que se concreten una serie de daños. A esto, le sigue una represión con gases lacrimógenos, gas pimienta, hidrante y balas de goma. En algunos casos, esto provoca que otras personas que permanecían en forma previa manifestando pacíficamente se defiendan utilizando lo que tienen a mano.

Finalmente, entra en acción la policía antimotines y la montada en motocicleta, para proceder a la persecución y violenta cacería de personas que intentan abandonar el lugar, incluso la detención de simples transeúntes. En esta fase, la policía aplica especial saña sobre aquellos que pretenden registrar con sus celulares y/o cámaras el accionar de la policía.

Las detenciones son acreditadas por medio de actas policiales que sin dar cuenta, en la mayoría de los casos, del horario o lugar de detención, atribuyen a los detenidos posesión de objetos ajenos a ellos para fundar la acusación de ser autores de daños, lesiones y atentado o resistencia a la autoridad. Del contenido de estas actas, sólo da cuenta el personal policial y en la excepcional circunstancia de que cuenten con testigos, estos son llamados cuando la escena ya ha sido montada.

Si el acontecimiento coincide con el turno de un juez federal, que recogen el libreto esgrimido por Macri-Bullrich, de que se trata de acciones que por objetivo ingresar al Congreso o impedir el funcionamiento de las instituciones, se le agrega el delito de intimidación publica y tramita en dicho fuero. Esto fue así en el caso de las movilizaciones de diciembre pasado, por ejemplo.

El 24 de octubre, en cambio, el juez federal de turno no requirió la investigación de lo sucedido, y por el tipo de delitos (resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad, lesiones leves y daños) quedó radicada en el fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ello, el conjunto de pruebas con que se pretende acusar a los detenidos no difiere a los casos anteriores.

Es claro que existe un guión dirigido por la ministra de Seguridad Bullrich, que parece combinar el accionar de un grupo de provocadores, la represión policial y el accionar de los jueces y fiscales, acorde a la necesidad del gobierno de intentar abortar el crecimiento de las movilizaciones contra el ajuste. La represión generalizada y las detenciones masivas son complementadas por campañas mediáticas para demonizar a determinadas organizaciones políticas opositoras. En una estrategia perversa, ante la cual es necesario redoblar la movilización política en defensa de las libertades democráticas y del derecho a la protesta, contra la criminalización de los luchadores y por el cierre de las causas penales abiertas contra ellos.