El gobierno de Chaco ordenó la detención del referente social Raúl Castells quien movilizaba junto a una columna del MIJD, debido a que el Estado nacional no está pagando el Ingreso Familiar de Emergencia, después de un mes y medio que la población está encerrada por la cuarentena y no se está cumpliendo con este compromiso de miseria. Por ello movilizaron y permanecieron frente a las oficinas de Desarrollo Social de la nación en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco.

Otra de las denuncias es que tampoco se están entregando los alimentos a comedores y merenderos en todo el país. Es una vergüenza y un acto criminal. En el interior chaqueño ni siquiera se garantiza algo tan básico como el agua potable.

Este hecho se da en sintonía con los ataques a los trabajadores y desabastecimiento alimentario que viene generando el gobierno provincial.

El gobierno chaqueño desenvuelve una represión constante sobre los barrios, persigue con el ciberpatrullaje, espiando y atacando la libertad de expresión, y ha vallado los accesos al centro para que la población no pueda movilizar a casa de gobierno para presentar sus reclamos. También han bloqueado las salidas de los barrios más carenciados y detiene a quienes se manifiestan.

Con una población con un 50 por ciento de pobreza y 50 por ciento de trabajo informal, el Chaco es una olla a presión a punto de estallar. La imputación contra Raúl Castell es un ataque contra todas las organizaciones sociales y una medida disuasiva del gobierno para evitar un crecimiento de la movilización popular. Rechazamos la criminalización de la protesta y reclamamos que se haga la efectiva la asistencia alimentaria, sanitaria y económica para los desocupados y las familias obreras.