Una de los elementos que me llevó a militar en el Partido Obrero fue el comenzar a trabajar como docente de cárcel. Esta experiencia marcó un antes y un después. Comencé a formarme y a conocer diversos espacios, organismos y profesionales que procuran desde distintos ámbitos de intervención mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de su libertad, hacer valer los derechos de las personas detenidas y salir a discutir las teorías de mano dura que los medios de comunicación procuran difundir entre la población como solución al problema de la inseguridad. Muchos de estos trabajadores, al igual que yo, tienen posiciones políticas definidas, en su mayoría afines al kirchnerismo y ven en sus espacios políticos de referencia una canal para concretar sus expectativas y posiciones en materia de derechos humanos, seguridad etc. Pero el pasado 5 de julio algo cambió. Se aprobó en la Cámara de Diputados de la Nación la reforma de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad (24.660), reforma que tiene un sentido claramente regresivo, eliminando las salidas transitorias, laborales y la libertad condicional para delitos que van desde la violación hasta el robo a mano armado, narcotráfico (imputación bajo la cual suelen caer no los grandes narcotraficantes sino –por ejemplo– aquellos que tienen plantas de marihuana en su casa para consumo personal) trata de personas, financiamiento de terrorismo etc.

 

Esta reforma quita la idea de la progresividad, es decir, da lo mismo comportarse bien o mal en la cárcel ya que ninguno accederá a estos derechos ahora eliminados. Las tasas de delitos no descienden con estas medidas y el número de detenidos aumenta escandalosamente, engordando un presupuesto que, sólo para la provincia de Buenos Aires, este año ronda los $8.400 millones ($21.000 por cada uno de los 33.000 presos). Cabe aclarar que el porcentaje destinado a la manutención de las personas privadas de su libertad no llega nunca a destino. Esto queda en evidencia al observar las filas de los familiares que van de visita a las penitenciarias, siempre cargados con bolsas que contienen desde alimento hasta productos de higiene personal, ropa, etc. Ni que hablar del sistema sanitario, olas de tuberculosis que se vuelven incontenibles, como está sucediendo en la Unidad 2 de Sierra Chica, falta de insumos y profesionales, etc. La aprobación de esta reforma no hará sino empeorar las condiciones de detención y el hacinamiento.

 

Para desilusión de muchos esta reforma fue apoyada por 170 diputados, entre los que se encuentran Máximo Kirchner, Juan Cabandié, Andrés Larroque etc, hubo 70 ausentes, por ejemplo Axel Kiciloff y Leonardo Grosso, 7 abstenciones y 8 votos negativos, cuatro de los cuales corresponden a todo el bloque del Frente de Izquierda. Así se cierra un capítulo más del relato K en materia de Derechos Humanos, es decir, agitar para la tribuna en un sentido progre pero acompañar desde las posiciones de poder en un sentido absolutamente regresivo y punitivista.

 

Los únicos que pudieron y pueden defender su posición y no doblegarse ante la presión de la llamada opinión pública son los legisladores de FIT. Es por esto que desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda hacemos un llamado a todos aquellos sectores que vienen trabajando incansablemente para garantizar los derechos humanos en los lugares de detención a apoyar a los candidatos del Frente de Izquierda, quienes han dado sobradas muestras de coherencia y valentía al momento de defender las posiciones en el parlamento.