El decreto 255 ordenando por Sáenz el 31 de marzo, que otorga facultades represivas extraordinarias a la Policía de la provincia, ya ha producido 4 hechos de abusos y violación de los derechos democráticos de las personas:

1-El caso de Güemes, en donde en una razzia, una niña, estando la pequeña dentro de su vivienda, terminó con un balazo de goma en el ojo por disparos realizados por la Policía de la Provincia.

2- En la capital salteña, una trabajadora y su hija de 14 años son detenidas y maltratadas, aun cuando tenían permiso de circulación y se encontraban realizando una actividad exceptuada. La niña de 14 años fue esposada y llevada detenida sola, en un móvil policial, separada de su madre. 

3- En Joaquín V. González un joven trabajador de delivery, de 17 años, a pesar de estar trabajando en una actividad exceptuada, fue reprimido a tiros y atropellado por el móvil policial. El joven se encuentra muy grave, en terapia intensiva del Hospital San Bernardo. 

4- Más recientemente, la persecución a una camioneta que elude un control policial, por varios barrios de la ciudad, a los tiros, lo que quedó evidenciado en el vehículo con varios impactos de bala de plomo. Además varios miles de salteños sufren la aplicación de multas de 1.000 pesos en adelante siempre en el marco de la aplicación discrecional de la resolución 255.

En los hechos, la protección de la vida y la salud de las personas que argumenta el decreto es la llave para imponer un estado de excepción, que como siempre, se establece contra la población trabajadora. Mientras tanto, Sáenz no toma ninguna medida para que los trabajadores cuentapropistas puedan alimentar a su familia sin verse obligados a salir a trabajar.

Tampoco, para impedir los despidos y suspensiones que vienen imponiendo las patronales en la provincia.

El Partido Obrero exige, desde el primer día de la declaración de emergencia, que el Estado garantice un seguro al parado de $30.000 y los alimentos para todas las familias desocupadas, la prohibición de los despidos y suspensiones y un salario integral para todos los trabajadores, abriendo los libros de las empresas y asistiendo directamente la nómina salarial o parte de ella según las necesidades. La actualización de los salarios por inflación mientras dure la emergencia y hasta la reanudación de las paritarias. Sáenz, por el contrario, acaba de retroceder por el repudio popular, de un intento de rebajarle el sueldo a los estatales, la mayoría de los cuales cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza.

Mientras reprime a la población en nombre del cuidado de la salud, Sáenz no ha nombrado un solo médico o enfermera nuevos, desde la declaración de la emergencia. Exigimos la inmediata creación de un fondo en base a un impuesto a las grandes actividades económicas para garantizar la designación de todos los médicos y enfermeros, así como el abastecimiento de los hospitales de todos los insumos necesarios para hacer frente al virus del Covid-19. 

¿No han establecido un “toque de queda” si en los barrios populares desde las 20hs hasta las 10 del día siguiente no se puede salir a la calle? 

Exigimos la inmediata derogación del decreto provincial 255, que declara el toque de queda en la provincia, pasando por encima del Código Penal. Exigimos la baja de todos los comisarios responsables de disparar balas de plomo a un sospechoso, detener niños, atropellar a un joven trabajador y reprimir comedores populares. Fuera el ministro de Seguridad, Pulleiro. Basta de represión y gatillo fácil en las barriadas obreras.