El crimen de Cristian Gallardo conmocionó a la opinión pública. Es que todos vieron las fotos de su cadáver molido a golpes y hasta un video donde se escuchan los gritos del joven de 23 años dentro de un vehículo policial. Los casos de Guri Farfan, David Alfonso Neri Ovejero en Villa Floresta y del joven trabajador de Aguas del Norte de apellido Carreras en Barrio El Rosedal, tienen en común que son crímenes que ocurren poco después de haberse producido detenciones.

Según los casos, la versión oficial adujo muerte súbita, descompensación, o shock por adicciones. Estas versiones fueron rápidamente desmentidas por las denuncias de los familiares y también por los peritos independientes.

En el crimen de Gallardo, el CIF (Centro de Investigaciones Fiscales) que fue presentado pomposamente como un organismo de avanzada en su género, informó: “causa de muerte indeterminada” aunque el cuerpo estaba destrozado a simple vista, con hundimiento de cráneo incluido.

La interpelación al ministro de seguridad

Por un proyecto del diputado Del Pla, la Cámara de diputados tuvo que traer al ministro a dar explicaciones por todos estos casos.

El funcionario siguió una suerte de “manual del encubridor”. Se trataría, en su análisis, de casos aislados en donde no habría responsabilidad policial, salvo en el de Gallardo. Para este último caso mostro legajos de los policías imputados que estarían libres de antecedentes. A las 24 horas se conocieron informes que demostraron que el ministro mintió. De los cuatro policías imputados del crimen, tres tenían antecedentes penales, incluso por abuso policial.

Al quedar de manifiesto el encubrimiento del ministro Del Plá le pidió la renuncia como un punto de partida imprescindible para terminar con la impunidad policial.

Crisis de estado

Al día siguiente los diputados del “Frente de Todos” bloqueaban nuestra iniciativa para que la cámara de diputados reclame la renuncia del funcionario. Mientras cerraba filas con la continuidad del ministro, Urtubey echaba lastre mandando a intervenir al CIF, que ya venia cuestionado por otros informes en donde operaba en línea con la intervención policial para desviar las investigaciones. Así fue en el caso de el crimen de las turistas francesas o el de las muertes de “Yanina y Lujan” en Barrio San Carlos, presentados como suicidios, cuando todo indica que fueron crímenes.

Es que el entramado de impunidad es un componente esencial de este régimen descompuesto que encarga a la policía el trabajo sucio de la represión social (la semana pasada fueron presos 8 municipales de Colonia Santa Rosa que reclaman su reincorporación al trabajo); que tiene a buena parte de la policía comprometida junto a jueces y políticos con el narcotráfico o que la tiene como fuerza auxiliar para desviar las investigaciones judiciales cuando comprometen a los hombres del poder.

Se está constituyendo una comisión de familiares contra la impunidad de los crímenes policiales que ya protagonizó dos importantes marchas.

Desde el Partido Obrero con nuestras bancadas a la cabeza, como en los últimos 19 años, vamos por el juicio y castigo a los responsables materiales y a los encubridores de estos crímenes policiales, por desmantelamiento del aparato represivo y por la estructuración de una fuerza de seguridad cuyos mandos, al igual que los jueces, sean electos y revocables por el voto popular. Con control vecinal al funcionamiento de las comisarías y selección de sus miembros con intervención de los organismos de derechos humanos. Es una parte fundamental de la lucha para poner fin al régimen oligárquico que se apoya en este aparato policial descompuesto y dar paso a un gobierno de trabajadores.