Mientras el gobierno nacional amplía las actividades exceptuadas de la cuarentena bajo la presión de las patronales, en Salta, el gobernador Gustavo Sáenz saca el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N°255  que establece penalidades para los que desobedezcan injustificadamente las ordenes de la policía o sean arbitrariamente remisos a cumplirlas, en el marco de acciones de prevención de la pandemia de coronavirus.

Como puede verse el decreto es un virtual estado de sitio. Habilita las detenciones arbitrarias, como las que se hacen por averiguación de antecedentes, pero con la “justificación” de la prevención del coronavirus. Por si fuera poco, el decreto establece que el Jefe de Policía decidirá la pena  de acuerdo a la infracción cometida. Esa pena puede alcanzar a 60 días de arresto o 60 días de multa. Además establece que si la infracción se comete en un vehículo el mismo puede ser decomisado. Todo esto violenta la constitución de la provincia que el régimen gobernante hace tanto alarde de defender.

Está claro que difícilmente pueda haber muchas detenciones cuando tanto las alcaldías y las cárceles están superpobladas, con lo que sin dudas la mayoría será penada con multas. Las multas son del precio de 10 litros de nafta por día, es decir que para un laburante es completamente confiscatoria. Este monto habilitará también al pedido de coimas, como ocurrió con la ley de venta de alcohol que rechazamos y que le daba todo el control a la policía.

 

La penalización puede ser apelada ante un juez de garantías. La apelación no tendrá efecto suspensorio, o sea que la multa o el arresto continuarán. ¿Qué pasa si el juez decide que la detención fue arbitraria? ¿Van a indemnizar por el resto o en su caso devolver la multa?

El propio gobierno provincial que establece este mecanismo arbitrario, no ha garantizado las condiciones mínimas de salubridad a los jubilados que han hecho el día de hoy  largas colas para cobrar sus haberes exponiéndose al contagio, en un día de bajas temperaturas. Este decreto será usado como un instrumento de intimidación y represión contra la población más pobre como ya se vio en la represión de un merendero del MTE que repartía arroz con leche a familias con hambre.

El cinismo de Sáenz es total porque ha permitido todo tipo de atropello por parte de empresas que no cumplen las normas de seguridad u obligaban a sus trabajadores a seguir trabajando sin que la actividad sea esencial. En Salta hubo ciento de despidos, incluso en empresas con actividades esenciales, sin que al secretario de trabajo se le moviera un pelo.

La solución no pasa por reprimir, sino por establecer un impuesto extraordinario a las grandes empresas para contribuir al presupuesto de salud, por establecer un subsidio de $30000 a todos los desocupados, prohibiendo despidos y suspensiones,  como parte de las medidas planteamos en todo el país desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda y que en Salta  propusimos a través de un proyecto de ley.

Con este decreto Sáenz establece una especie de estado de sitio que viene reclamando al igual que reclama la presencia del ejército en las calles. Es la muestra de un régimen político que no está dispuesto a resolver los enormes problemas de la población, como la gravísima situación de desnutrición que sigue provocando la muerte de niños de las comunidades originaria o el aumento de casos de dengue en varias localidades del interior,  y busca aplastar los reclamos con represión.