Maximiliano Zapana tenía 22 años. Fue asesinado en mayo de 2011 a la salida del boliche Skombros por una patota habitué del lugar. Maxi fue acuchillado, la policía no permitió que nadie lo auxilie y la ambulancia del Same no llegó nunca. Finalmente, ingresó en el Hospital San Bernardo en un taxi y horas después dejó de existir.

El juicio finalizó con una condena alta, teniendo en cuenta que casos similares recibieron penas muy menores: 15 años para Terán, 13 para Aguirre y un menor que sigue detenido bajo responsabilidad del juzgado de menores. La querella había solicitado 19 años y medio y seguramente apelará este fallo.

La condena es el resultado de todo un año de lucha de su mamá, Beatriz, junto a la Comisión de Familiares contra la Impunidad. Un año en el que se recorrieron todas las ventanillas del Estado, que mostraron, sin fisuras, que lo primero para ellos es defender los negocios de la noche. El boliche Skombros Forever es una bailanta muy popular, tiene su propia radio y allí actúan las bandas de cumbia más conocidas. También es popular por las peleas e incidentes con heridos. Desde el municipio afirman, sin embargo, que está todo en orden y que cumple las ordenanzas vigentes.

El boliche siguió abierto todo el año como si nada hubiera pasado. Corresponde señalar que las ordenanzas solamente establecen requisitos de seguridad en cuanto a las condiciones del edificio, la seguridad de las personas ni se menciona y mucho menos las responsabilidades de los dueños.

La primera medida de la familia fue presentar más de 1.000 firmas en el Concejo Deliberante solicitando la clausura del boliche por hacer abandono de persona y por ser el generador de la violencia.

Los concejales oficialistas plantearon que había que verificar primero si había falta y derivaron el pedido a una reunión con Cristina Fiore, en ese momento secretaria de Protección Ciudadana y ahora diputada nacional, quien le pidió a la familia que presenten pruebas. Un despropósito total: la familia no tiene cómo investigar, además para eso están el Tribunal de Faltas y la Dirección de control. El oficialismo bloqueó el pedido con un lobista de la primera línea, Carlos Uluncha Saravia, quien en ese momento era concejal de la UCR y abogado de Salvatierra, dueño de Skombros.

Frente a este caso, el oficialismo y los concejales de Romero y Olmedo, para salvar los negocios de la noche y a sus dueños, plantearon una ordenanza de nocturnidad, que nunca se trató, que contemplaba la colocación de cámaras afuera de los boliches, pero sin considerar la responsabilidad de los bolicheros cuando adentro o en la puerta alguien es lesionado.

Finalmente se llegó al juicio que condenó a los asesinos materiales. Allí se produjeron numerosos testimonios de menores que pasaban por una puerta lateral y otras violaciones de los dueños a las ordenanzas. Con las pruebas en la mano exigiremos la clausura de Skombros y que el Estado sea juzgado en un juicio Zapana II, porque quedó demostrado que la policía dejó morir a Maxi, reprimió a los amigos que querían asistirlo y el Same no llegó jamás a pesar de ser convocado por un código rojo.

El crimen de Maxi ha mostrado los vínculos del Estado con el negocio de la noche, cuando hay heridos o muertos producto de la violencia de los boliches se juzga primero a la víctima. La comisión de Familiares contra la impunidad llega a este fin de año habiendo impuesto esta condena a los asesinos de Maxi, hace tres meses logró arrancar de la cárcel al hijo de la familia Mendoza imputado injustamente por un crimen en un proceso completamente fraguado por la justicia. La bancada del Partido Obrero seguirá esta lucha junto a la familia Zapana y al resto de los familiares hasta obtener que sean juzgados todos los responsables de este crimen.