Salta: salió a pagar la luz y la policía la golpeó, la humilló y le “ordenó” no hablar con los medios

Los resultados del decreto represivo del gobernador Sáenz.

Romina Ruiz, una joven de la localidad salteña de Orán, denunció haber sido golpeada y agredida verbalmente por parte de tres policías que la detuvieron cuando había salido a pagar la factura de luz.


Como reprodujo la radio local A 92.3 en sus redes, Ruiz cuenta que, pese a que enseñó el número identificatorio de la boleta -ya que la empresa de electricidad Edesa dispuso días de cobro de acuerdo a la terminación numérica-, igualmente las policías decidieron secuestrarle la moto.



Ante la protesta de la mujer y el señalamiento de que la moto era su única propiedad, una de las policías le quitó la llave de la moto. “Le digo ‘me vas a romper la moto, pará’. Me quiero bajar y ahí es donde se acercan otras dos y me agarran del brazo, del cuello y de los pelos”; tras ello, la subieron al móvil policial y “me tuvieron pegando toda la hora. Me pegaban chirlos en la boca y piñas en la cabeza. Me decían La Lloronita, La Cebolla”, contó a la radio.


Luego fue llevada al hospital a la revisación médica y, como tenía marcas visibles, la retiraron sin que el médico legal la revise. Luego de un “paseo”  fue ingresada en la Comisaría 20, donde estuvo detenida 6 horas. Cuando Ruiz pedía que le permitan avisar a sus familiares, le decían que le iban a hacer una causa penal por amenazar a la policía.


Cuando finalmente la familia acudió a la comisaría, detuvieron a una tía, con la acusación de que había sacado una foto al móvil policial. Finalmente le hicieron firmar a la joven una cédula de notificación donde dice que se abstenga de realizar publicaciones en los medios de comunicación en contra de la institución.


Atropellos como estos se suceden todos los días. El decreto 255/20 que firmo el gobernador Gustavo Sáenz habilita a que la policía haga multas gravosas y hasta 60 días de arresto por “violar la cuarentena”. Desde el punto de vista constitucional, un decreto provincial no puede ordenar en materia penal, por eso se lo ejecuta a través del código contravencional, dándoles mayores facultades a los comisarios o al jefe del operativo para hacerla cumplir.


La mayoría de los casos de apremios ilegales, torturas y gatillo fácil se dan con la aplicación de la contravencional, por eso desde hace años luchamos por su derogación.



Sáenz refuerza el aparato represivo, en nombre de cuidar la salud, para encubrir que no se nombró ni un medico más ni un enfermero, ni se puso un peso para sostener a los miles de trabajadores empobrecidos, que no pueden hacer la cuarentena porque tienen que salir a ganarse el pan.


Queremos la derogación del decreto 255 y la contravencional, basta de reprimir al pueblo para disfrazar un gobierno ajustador.