Una vecina denuncia que fue detenida ilegalmente por la Comisaria Primera de San Isidro, la víctima fue golpeada mientras era esposada y fue trasladada a la comisaria sin permitirle comunicarse con sus hijos. Luego dos policías mujeres la encerraron en un cuarto que llamaban “el pozo”, en su testimonio afirma que una vez allí “me sacan las esposas y una mujer policía comienza a sacarme fotos. Le digo que me saque fotos esposada, me responde que me calle la boca. Me vuelven a meter en el cuartito, y me dicen ´desvestite´. Les respondo que no, que esto no es legal. Me desvistieron a los empujones, me dejaron en ropa interior y me empezaron a sacar fotos. Me vuelven a esposar, me hacen esperar, después me sueltan, tenía todas las muñecas lastimadas. Me dan mis cosas y me sueltan. Esto fue en la comisaría primera de San Isidro. Ahora tengo una causa por desacato a la autoridad” (Agencia Paco Urondo, 17/4).

Los hechos habían comenzado cuando la vecina se encontraba haciendo la cola en el coto de avenida Lasalle 653 de San Isidro, observando que no se cumplía con el distanciamiento social correspondiente, que se formaban largas colas o incluso dejaban ingresar una gran cantidad de personas generando amontonamiento. Notando que la empresa no cumplía con las medidas de seguridad se lo informa al gerente, respondiendo que “que ellos no podían hacer nada en el momento, que iban a hacer una inspección pero que hacían lo que podían, que si era algo urgente que llame al 911 y que ellos mandaban un patrullero”.

Esta no fue la única situación de abuso por parte de las fuerzas en San Isidro, hace días atrás se conoció una denuncia de tortura de la gendarmería a vecinos de La Cava, del cual no se sabe la situación en la que se encuentran los efectivos e incluso el intendente Gustavo Posee no repudió en ningún momento lo sucedido, como si esto no fuera poco se destina más del 30% del presupuesto a la compra de patrulleros sumando más de 140 móviles municipales -blindados, con GPS y radio conectados a la Central de Monitoreo- buscando aumentar aún más el personal policial al Patrullaje Municipal, más personal al Centro de Monitoreo y colocando nuevas cámaras con la excusa del “cuidado comunitario”. Lo mencionado hasta el momento da cuentas como se le da vía libre al accionar de las fuerzas represivas.

Entendemos que no son hechos aislados, si no que parten de una política a nivel nacional, donde desde el inicio de la cuarentena sacaron a todas las fuerzas represivas a las calles para “garantizar el aislamiento obligatorio” que se traduce en amedrentamiento y hostigamiento de las mismas hacia los sectores populares. Para terminar de reforzar estas medidas se suma el “ciberpatrullaje” que consiste en el “patrullaje en las redes sociales” para “prevenir el humor social” bien sabemos que esta medida con la intervención policial es para contener la bronca de los sectores populares ante el drama social y sanitario que se vive.

En el marco de una pandemia, donde los casos de coronavirus aumentan, una crisis sanitaria y la situación en los barrios agrava por la falta de entrega de mercadería a los comedores y merenderos populares y el ingreso de centenares de miles de desocupados que han sido rechazados en forma indiscriminada al nuevo programa IFE.

Queda expuesta la necesidad de que se investiguen los hechos y paguen los efectivos que realizaron estas atrocidades para que la cuarentena no sea utilizada como excusa del forzamiento del aparato represivo y los recursos del país se destinen a la protección de las familias trabajadores y el movimiento de desocupados que son los más golpeados.