En pocos días, se han producido varios hechos de violencia policial en la ciudad de San Martín de los Andes. Ante la escalada, organizaciones políticas y sociales nos convocamos en las puertas de la Municipalidad para denunciar todos estos hechos.

El gobierno municipal y el provincial encubren a las fuerzas de seguridad, que se sienten impunes. Entre los violentos de los últimos casos se encuentra el mismo efectivo que golpeó, estando de civil, a Nadia y sus hijes durante el ataque de una patota clerical-policial.

Hace horas se sumó el caso de otra mujer, Silvana, brutalmente golpeada junto a su bebé por los efectivos de la misma comisaría 53 de la localidad, luego de un altercado con el dueño de la casa que alquilaba.

Estos no son casos aislados sino que están enmarcados en la política represiva a nivel nacional que desencadena la desaparición forzada y el gatillo fácil. En este sentido, la policía de Neuquén no tiene nada que envidiarle a la maldita Bonaerense, comprometida en la desaparición de Facundo Castro, apañada por el ministro Sergio Berni.

Nos acompañó en la actividad Franco González, quien contó que el pasado 1º de agosto junto a su primo, fue brutalmente golpeado por la policía. Otros cinco pibes fueron golpeados durante la misma noche. “Acá no te vamos a recibir la denuncia contra un poli”, le contestaron a Franco cuando quiso radicar la debida denuncia por abuso de autoridad. Sin embargo, aunque finalmente pudo hacer la denuncia, Franco sigue siendo hostigado por la policía: móviles rondan su casa o se apostan afuera de su domicilio, entre otros actos de persecución.

En el marco de la actividad, logramos interceptar a la directora de Derechos Humanos, Emilia Otharán, a quien le solicitamos una reunión inmediata debido a la gravedad de los hechos. Luego de la reunión solicitamos realizar un acta que debimos redactar quienes acompañamos a Franco, y en la que Otharán deja sentado, tratando de salvar su responsabilidad, que dentro de las acciones realizadas desde su lugar como funcionaria ha presentado una “solicitud ante la ministra de seguridad para que intervenga en los casos de violencia institucional de los últimos tiempos en la comunidad”.

El acta fue firmada por todos los concejales, el director de seguridad y el intendente. En la misma, por nuestra parte, hacemos responsable de la integridad de Franco y su familia al intendente Carlos Saloniti y a la directora de Derechos Humanos, Emilia Otharán. Además, exigimos el cese de la represión policial, que los hechos no queden impunes y se separe a las fuerzas policiales responsables de los hechos.

Lo sucedido en nuestra ciudad agrega nuevos elementos de la necesidad de un gran plenario nacional contra la represión e impunidad policial y del Estado.

No es un policía, es toda la institución. Aparición con vida de Facundo Castro, ya. Fuera Berni.