El viernes pasado, se llevó a cabo una nueva movilización por las calles rosarinas para exigir justicia por los brutales asesinatos de David Campos y Emanuel Medina a manos de la policía santafesina. David y Emanuel, dos trabajadores de la zona sur de Rosario, fueron acribillados hace 58 días tras una persecución, a manos de 21 policías (entre la PAT -Policía de Acción Táctica- y el comando radioeléctrico).

 

En esta ocasión, la movilización se dirigió de los tribunales provinciales hacia la sede local de casa de gobierno provincial, denunciando de forma directa la responsabilidad del gobierno de Miguel Lifschitz, exigiendo la cárcel a los 21 policías implicados y la renuncia del ministro de seguridad provincial, Maximiliano Pullaro. En la movilización, junto a los familiares y amigos de David y Emanuel, estuvieron presentes familiares de distintos casos de impunidad y gatillo fácil, como los familiares de Jonatan Herrera, Alexis Berti y Maxi Zamundio. Junto a ellos, el Partido Obrero y otras organizaciones políticas, de derechos humanos y estudiantiles acompañamos e impulsamos la movilización.

 

Germán, hermano de David, señaló a los medios que “nadie nos atendió, ni el ministro de seguridad Maximiliano Pullaro, ni el fiscal, ni el gobernador Miguel Lifschitz" (La Capital, 19/8). Las abogadas de la familia señalaron que a pesar de haberse reunido varias veces con el fiscal, “hasta ahora las pericias (las) demoran de manera excesiva y preocupante” (ídem). Los familiares de los jóvenes desmienten rotundamente la canallesca versión policial sobre este crimen. Señalan que tanto David como Emanuel no abrieron fuego contra la policía sino que fue esta la que abrió fuego a mansalva cobrándose sus vidas y que las dos armas viejas encontradas dentro del auto de los chicos  fueron plantadas para encubrir un caso de gatillo fácil.

 

Un régimen de impunidad, un aparato policial descompuesto

 

Este crimen se encuentra enmarcado en un cuadro general de descomposición del aparato policial santafesino que últimamente ocupa los principales titulares de noticias con reiterados casos de abuso policial y gatillo fácil. Recordemos a la docente María Ángeles París, hallada muerta en la comisaría décima. Hace solo unos días, un fotógrafo del diario La Capital fue golpeado por un policía mientras ejercía su profesión. Y cómo no nombrar el reciente fusilamiento del cabo Pablo Cejas tras denunciar los vínculos de la policía y el poder político con las bandas del narcotráfico en Santa Fe Capital. Las barriadas -como La Tablada y los complejos habitacionales FONAVIS de la Zona Sur de Rosario- se encuentran totalmente militarizados.

 

En Santa Fe, existe un régimen de impunidad sostenido por el gobernador Lifschitz junto al ministro de seguridad Pullaro, el cual encubre y resguarda al descompuesto aparato policial. Este manto de impunidad sobre las fuerzas policiales, es a su vez “la voz de aura” para que la policía continúe envalentonándose. La última etapa en Santa Fe, ha sido un verdadero espiral de represión, hostigamiento y asesinatos de jóvenes y trabajadores a manos de la policía o con su participación.  La gran mayoría de los casos de gatillo fácil, concluyen con resultados judiciales en los cuales se aminoran condenas y sesgan las investigaciones a los rangos del aparato policial más bajos. En esto cabe la total responsabilidad del poder judicial de la provincia.

 

A partir de los escándalos nacionales por los grupos narcotraficantes locales con la participación del Estado y especialmente de la policía, el gobierno de Lifscthiz ha robustecido el aparato policial descompuesto y pasó a saturar los barrios populares con policías, acrecentando el control social y la represión. El ejemplo de esto es la PAT, policía de acción táctica que con tan solo unos años desde su creación, ya está implicada en varios casos de gatillo fácil y abusos policiales.

 

El resultado de esta política del gobierno provincial, al cabo de varios años, es que ahora los asesinatos a manos de las bandas narco, se complementan con los asesinatos policiales, los abusos y el hostigamiento. Al mismo tiempo, la policía continúa siendo un pilar clave del narcotráfico y el delito organizado.

 

El gobierno provincial, en nombre de apagar el incendio, arrojó más nafta al fuego.

 

Llegamos así a la situación actual, en la cual todas las semanas hay reiteradas movilizaciones y acciones públicas sobre los tribunales para exigir justicia y denunciar la impunidad que reina en la provincia.

 

Necesitamos, por ello, avanzar en la unidad de acción del conjunto de los casos y las organizaciones populares, para continuar con este curso de lucha y golpear como un único puño.

 

Los partidos de Estado que acompañan al Frente Progresista en la legislatura provincial y en el Senado, como el PJ, le dan la espalda al movimiento de familiares y su lucha.

 

Plantear una lucha en común, exige avanzar en un programa en común a partir de los importantes puntos de contacto entre todos los casos.

 

Investigación de todas las implicancias en las cadenas de mando policial en los casos de gatillo fácil. Juicio y castigo a todos los policías involucrados. Basta de impuidad. Exijamos la inmediata renuncia del ministro Pullaro.

 

Por David y Ema, por la inmediata detención de los 21 policías implicados, juicio y castigo.