Santa Fe y el caso Pablo Contreras Márquez: se cumplieron trece años de impunidad

Marcha y acto: el Estado es responsable


Se cumplieron trece años de un crimen cometido por un policía contra un joven desempleado que expresaba su voluntad de trabajar cuidando autos en la Plaza España. Un caso emblemático de impunidad garantizada por el Estado.


 


A la cantidad de años transcurridos se le suman las irregularidades cometidas a propósito por la propia Policía y el Poder Judicial para asegurar que el asesino de Pablo quedara libre y su crimen impune. A los procedimientos truchos llevados a cabo el 28 de noviembre de 2002 por el personal de la subcomisaría 6ª de La Guardia, le siguieron nuevas irregularidades ordenadas desde lo más alto del Poder Judicial. El encubrimiento de los procedimientos policiales incluye una autopsia trucha, seguida por el cajoneo de la causa, la profanación de la tumba y la desaparición del cuerpo, entre lo más destacado. En los últimos años han surgido causas conexas referidas a la “investigación” inicial, para “arreglar” la causa madre, plagada de vicios y contradicciones.


 


Sin embargo, en estos trece años no ha habido ni siquiera un policía procesado, aunque sí fue detenido el padre de Pablo, de manera ilegal y durante una semana, sometido a violencia fisica y amenazas por parte del personal de la comisaría 6a. Desde 2002 hasta la fecha han pasado cuatro gobiernos provinciales: Reutemann y Obeid (PJ), Binner y Bonfatti (Frente Progresista), quienes, a su vez, apañaron la actuación del Poder Judicial y la Policía. Con el discurso “democrático” de dejar obrar a la “justicia” y a las “instituciones”, el poder político se vive lavando las manos y permitiendo que las repodridas instituciones del Estado aseguren la impunidad. Santa Fe cuenta con el índice más alto de abusos y crímenes policiales. Sólo en el último año se registraron alrededor de 300 denuncias que incluyen casos de torturas; también se registran más víctimas fatales como consecuencia del accionar policial que en ocasiones de robo.


 


La complicidad abarca a todas las expresiones políticas patronales: el ex juez García Porta, quien estuvo a cargo los primeros cinco años y fue el primer responsable de enturbiar y viciar la causa, ligado desde siempre a los sectores más reaccionarios de la ciudad y la “justicia”, recientemente alardeó de su filiación política al PRO de Macri y Del Sel.


 


Marcha y acto


 


En este contexto, el lunes 30 se llevó adelante una marcha y acto de denuncia y por justicia para Pablo, impulsada por sus familiares y el PO. La inmensa mayoría de la izquierda santafesina y los organismos “de derechos humanos” se borraron expresamente, reiterando su posición de darle la espalda al caso de Pablo Contreras con excusas cobardes que, en realidad, revelan su adaptación al poder político y su falta de determinación para encarar una lucha en serio contra la arbitrariedad e impunidad policial y judicial. La confirmación de la actividad a pesar de este boicot, sin embargo, obligó a distintas agrupaciones políticas y sociales a adherir, al menos de palabra.


 


El acto contó con la presencia de Jorgelina Signa, concejal de Capitán Bermúdez y ex candidata a diputada por el FIT, quien profundizó la denuncia de la situación provincial y difundió la convocatoria al Encuentro Nacional contra la Impunidad que se llevará a cabo en Tucumán en febrero próximo. Cerraron el acto Carlos y Ramona, los padres de Pablo, quienes pudieron expresar públicamente un balance de estos trece años de lucha en soledad. La actividad concentró una gran atención de los medios de prensa, desbordando el cerrojo mediático y ayudando a que otros familiares de casos de impunidad saquen sus conclusiones y se decidan a organizarse.


 


La lucha contra la brutalidad policial y la impunidad sólo puede progresar como parte de una lucha más general, junto a la clase obrera, señalando insistentemente la responsabilidad del Estado en todos sus estamentos. En este sentido se empeña el PO de Santa Fe para reagrupar y poner en pie un fuerte movimiento de familiares políticamente independiente que luche por justicia para todos los crímenes impunes.