El viernes 1º de mayo Mauro Ezequiel Coronel fue detenido arbitrariamente en la Comisaría 10ª de Santiago del Estero. En la comisaría fue torturado durante toda la noche por varios efectivos policiales, lo esposaron a un poste y lo dejaron expuesto al frío hasta el día siguiente. Luego lo trasladaron al Hospital Regional de la ciudad, donde murió dos días después. Seis meses después, los policías siguen impunes por el gobierno provincial, funcionando en sus cargos.

Laura Coronel, su madre, se presentó en la comisaría el mismo día de los hechos. Pudo acercarse lo suficiente para ver cómo lo torturaban, y declaró en medios locales: “lo tenían arrodillado y con una bolsa de nylon en la cabeza mientras lo golpeaban”. Llegó a grabar los gritos desesperados de su hijo: “ma, sácame de aquí, maa. Me están matando”. Los policías le dijeron que “estaba bien” y que se vaya a su casa, aunque grabaron durante la noche las torturas que le aplicaron al joven.

Regresó al día siguiente a la comisaría y Mauro ya no estaba, se encontraba desaparecido, y la policía se negó a darle información. Por un testigo informal, la madre llegó al Hospital donde habían trasladado a Mauro. Según el informe forense, Mauro falleció a causa de un “paro cardiorespiratorio motivado por una falla multiorgánica”. Además, tenía “múltiples traumatismos que le produjeron hematomas y una infección generalizada. A simple vista se observa un cuerpo lleno de moretones en la cabeza, los brazos, el abdomen y las piernas”.

El gobierno mantiene la impunidad policial

Ante la muerte de Mauro, el gobierno se pronunció de inmediato defendiendo el accionar policial: “se trata de una muerte por causas naturales” dijo el ministro de Gobierno Marcelo Barbur. Es una política intencional por mantener la impunidad en las detenciones, represión y torturas policiales.

La familia de Mauro también denuncia que recibieron amenazas, intervenciones en sus celulares y hasta le ofrecieron $100.000 con tal de que no exigieran justicia.

El caso de torturas y muerte de Mauro no es aislado. Como denunciamos en Prensa Obrera, el gobierno de Alberto Fernández se ha jugado a fondo en la orientación represiva, más acentuadamente desde el comienzo de la cuarentena: hay 120 muertos en manos de las fuerzas represivas.

El caso que conmovió al país fue la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Castro en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. La defensa del ministro de Seguridad Sergio Berni a la Bonaerense, y del conjunto del poder político al propio Berni es, en realidad, la defensa de una política de Estado que recorre el país. El gobierno nacional puso todos los recursos al servicio del encubrimiento de la Bonaerense en el caso, hasta el día de hoy.

Exigimos justicia por Mauro y todas las víctimas de gatillo fácil y abusos policiales. Redoblemos la movilización y la organización popular. Juicio y castigo a los responsables.