Un día antes de asumir Claudia Zamora como gobernadora, Juan Pablo Suárez -un periodista opositor que cubría una protesta policial- fue detenido y acusado de 'sedición'. Las oficinas de su diario, Última Hora, fueron allanadas, y se le secuestraron computadoras y material periodístico. Se realizó una movilización, en la que participó el PO, con nuestra diputada Andrea Ruiz y las banderas del Frente de Izquierda. Ante el repudio generalizado, la fiscalía solicitó la libertad del periodista. La jueza se declaró incompetente y trasladó la causa a los fueros federales, simplemente para mantener detenido a Suárez unos días más.

La acusación de sedición es, en términos legales, un disparate extremo. Los defensores de la ley de medios y de la democratización de la palabra brillaron por su ausencia.

En Santiago existe una férrea censura política: la totalidad de los medios impresos, al igual que los canales de televisión por aire y la amplia mayoría de las radios, funcionan como cadenas repetidoras de la propaganda oficial. Durante las campañas electorales, la policía provincial destruye afiches opositores y hasta ha sido fotografiada colocando pasacalles del oficialismo. El presupuesto estatal es utilizado como una caja de prebendas para amigos y regimentación de enemigos.

Ultima Hora es un diario digital pequeñísimo, que ha sido usado como canal de expresión por opositores a Zamora. La violenta represión ilegal ejercida por el gobierno da cuenta de que, a pesar de la reciente victoria electoral con 50 puntos de ventaja sobre el segundo, el zamorismo está sentado sobre una bomba de tiempo -y lo sabe. La pobreza es generalizada y alarmante, el promedio salarial es el más bajo del país (menos de 4.000 pesos), la mitad de la población que vive en el campo subsiste con planes sociales, la precarización laboral en el propio Estado (principal empleador, por lejos) es abrumadora. En la provincia no existen paritarias; recién en febrero está prevista la convocatoria a la "mesa del diálogo", donde el gobierno usualmente ofrece un monto miserable, que es aceptado por la burocracia sindical.

Basta de censura y persecución, ¡libertad a Juan Pablo Suárez!