Luego de diez años, comenzó el juicio por el asesinato de Exequiel Melian y otros seis jóvenes heridos producto de una salvaje represión policial desatada el 3 de abril de 2006, mientras se disputaba un partido por el campeonato oficial entre Club Sarmiento y Unión Santiago en la Ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.

La bala que atravesó el corazón de Exequiel, de 17 años, como las que ocasionaron las heridas de los otros jóvenes fueron balas de plomo que detonó la policía provincial.

El operativo de impunidad se puso en marcha desde el momento cero del asesinato y las lesiones, cuando la policía procuró embarrar la cancha ocultando las pruebas que demostrarían el accionar policial contra los hinchas, lo que llevó a familiares y vecinos a resguardar las evidencias que quedaban del accionar del Estado. Fue la propia Gina Ferreyra, madre de Exequiel, quien custodió el cuerpo de su hijo durante la autopsia.

El trámite de la causa sufrió varios reveses. Incluso fue caratulada como un homicidio en riña, una figura menor en el Código penal que se aplica cuando durante una gresca no puede establecerse el autor de la muerte. Fueron once los policías vinculados con la causa, pero sólo uno, Juan Manuel Ibáñez, llegó al juicio oral. La fiscalía apunta a limitar daños, planteando que la represión se desató por la sola voluntad o “exceso” de un uniformado y no por una decisión política de que ordenó la represión.

En las cinco jornadas de juicio que se llevaron adelante hasta el momento, salió a la luz lo que los familiares y amigos de Melian, integrantes de la Comisión de Familiares contra la impunidad de Santiago del Estero, denunciaron incansablemente durante estos años: el estadio del Club Sarmiento, fue habilitado fraudulentamente en un acuerdo entre la municipalidad y dirigentes del fútbol, sin que se cumplieran las medidas de seguridad necesarias, cuando ellos mismo reconocen que se trataba de un “partido de riesgo”.

En su declaración ante el jury, Ibáñez no admitió haber utilizado postas de plomo, aunque sí que disparó contra los hinchas de Sarmiento para disuadir. Ibáñez puso especial énfasis en indicar que él era un oficial altamente calificado por haber realizado diversos cursos y tener amplia experiencia en los “Operativo Balón”. Para conocer la sentencia habrá que esperar la declaración de más de 30 testigos, hasta el momento la fiscalía ha validado los dichos de los oficiales sobre la ubicación de la policía durante los hechos de represión, en tanto que desestimó las declaraciones de los padres de Exequiel.

La familia de Melian y las demás víctimas han quedado vedadas del ingreso a la sala de juicio, sólo se los habilitó a presenciarlo mediante el sistema de video conferencia. Este atropello se hace más gravoso cuando a los propios padres de Melian son ambos querellantes. Una afrenta contra los derechos de las víctimas y de quienes bregaron durante diez años para llegar a este juicio.

Al mismo tiempo y en consonancia con el exterior de la sala de audiencias, el público fue “custodiado” a cada paso por la policía santiagueña y acompañado en la sala, donde doblaban el número de asistentes.

Afuera, cercados por vallas y una centena de efectivos, esperaban Milton Domínguez, Cristina Farías y otros representantes de la Comisión de Familiares contra la impunidad de Santiago del Estero, y la diputada del Partido Obrero, Andrea Ruiz.

El afán por exculpar a la institución policial, el poder político, empresarios del fútbol y la propia AFA, echando lastre con un solo policía implicado, demuestra que para alcanzar justicia en esta causa es más necesario que nunca redoblar la movilización independiente del Estado.

Justicia por Exequiel Melian.

El Estado es responsable.