Luego de la jornada de protesta y represión del viernes pasado en Devoto, la confirmación del primer caso positivo de Covid-19 en ese penal del Servicio Penitenciario Federal no tardó en llegar. Se trata de Nicolás Cardozo quien luego de caer de los techos del complejo fracturándose una pierna fue trasladado al Hospital Fernández. En el centro médico confirmaron que el hisopado le fue realizado antes de que ingrese al hospital, por lo que el contagio solo puede haberse dado en Devoto. Pero no es el único positivo, sino que otra persona que había sido liberada el jueves pasado también fue confirmada como portadora del virus con lo que el temor a la posibilidad del brote dejó de ser una locura.

Ambos casos se suman a la lista que se comenzó a escribir en la U41 de Florencio Varela la semana anterior. En este mismo lugar Federico Rey, de 23 años, fue asesinado por penitenciarios que dispararon con plomo en el marco de la revuelta por medidas sanitarias. La situación crítica en las cárceles argentinas fue creciendo, incluyendo la represión en la cárcel de mujeres de Mendoza, y al momento son 1.213 las personas detenidas que hacen huelga de hambre en 12 unidades en reclamo a que se cumpla el fallo de Casación que ordena prisiones domiciliarias y excarcelaciones.

El tema fue escalando y preocupa al gobierno, aunque no en el sentido de terminar con las condiciones en el marco de las cuales el virus puede cobrarse vidas en las cárceles. En sus declaraciones matutinas de hoy Alberto Fernández tiró la pelota afuera y dijo que no es un problema de Argentina sino “del mundo entero”, mientras el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, les avisó a los jueces que liberen a presos “sin cumplir con la ley de la víctima” que podrían ser sometidos a juicio político. Sobre las condiciones de hacinamiento que son la peste cotidiana y la ausencia de medida sanitarias básicas ni una palabra.

La Iglesia también pidió pista y a través de la Conferencia Episcopal Argentina ofreció sumarse a la “mesa de diálogo” en Devoto para contener la situación. Allí luego de la represión del viernes pasado se abrió un paréntesis hasta este miércoles que vuelven a reunirse representantes de los privados de libertad y sus abogados con autoridades penitenciarias y judiciales. Mientras, se espera que hoy se publique el nuevo protocolo sanitario en el contexto de las cárceles que elaboran las autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por el momento, la confirmación de los casos positivos refleja que había motivos para el reclamo del viernes pasado.

De las 1.279 personas que pertenecen a grupo de riesgo en las cárceles federales en Devoto hay unos 300 en condiciones de acceder a prisión domiciliaria o libertad anticipada. El reclamo a la justicia por su pasividad no es nuevo. La posibilidad de que una buena cantidad de detenidos transite la parte final de sus condenas en sus casas es trabada por decisiones judiciales lentas, apelaciones y lobby de fiscales que amenazan con carpetazos varios.

En los penales federales el distanciamiento social es imposible y lo cierto es que más allá de la coyuntura de la pandemia que requiere medidas extraordinarias, el debate que surge incomoda a los poderes del Estado. Se trata de las condiciones de vida de las personas en instituciones de encierro y la justeza de las condenas (en los casos en que existen condenas firmes) en tanto quienes llenan las cárceles en nuestro país no son, en su mayoría, los grandes organizadores del delito.