Mientras el gobierno sigue dando la espalda a los reclamos de los sectores que más sufren la inflación y el ajuste, se profundiza la ofensiva para criminalizar la lucha del movimiento piquetero.

Tras la liberación de Sebastián Copello y Juan Chorolque en Jujuy, impuesta a Gerardo Morales por la movilización popular, llegan nuevos procesamientos a luchadores piqueteros, que suman una veintena en Neuquén y media docena en Mendoza, así como al dirigente mendocino del Partido Obrero y el FIT-U Víctor da Vila y al concejal neuquino César Parra.

En la provincia cuyana el gobernador Rodolfo Suárez de Juntos por el Cambio impulsó las imputaciones a cinco referentes del Polo Obrero y al exsenador Da Vila tras el acampe piquetero del 30 de marzo, en el marco de una jornada de enorme repercusión nacional contra el hambre y por trabajo genuino. En Neuquén el gobierno del MPN fomenta la persecución de desocupados de Zapala y al concejal Parra por acciones de lucha sobre ruta nacional 22 en 2017, y a compañeros de Chos Malal que acompañaron la huelga de los mineros en 2020 y la lucha de los trabajadores monotiributistas por aumento salarial en 2021; una embestida de Omar Gutiérrez como reacción a la huelga de la salud del año pasado.

Este cuadro represivo tuvo expresión también el lunes 25 de abril en la represión a las familias que reclamaban asistencia para los comedores populares del Polo Obrero en Resistencia, quienes recibieron como única respuesta de parte del gobernador Jorge Capitanich y el intendente Gustavo Martínez una embestida con balas de goma, gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Apenas cinco días antes la policía chaqueña había reprimido a trabajadores estatales en el acceso al puente interprovincial que une Chaco con Corrientes.

Vemos así que los gobernadores oficialistas y opositores ejecutan la política represiva que tanto reclaman los “libertarios” de Javier Milei y Rodrigo Marra, que vienen de presentar una denuncia penal contra el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y contra el referente de la Utep Juan Grabois por supuestos perjuicios a los comerciantes del centro porteño.

Toda esta serie de ataques judiciales que atentan contra el derecho constitucional a la protesta, anteponiendo el Código Penal y códigos contravencionales, queda en evidencia como una simple ofensiva de clase con los elogios que toda la oposición patronal desplegó ante el (modesto) tractorazo que protagonizó un sector del capital agrario, de manera preventiva para rechazar una suba de la “presión tributaria”. El mensaje es que todo el ajuste que reclama el FMI sea facturado por entero a los trabajadores.

También es opuesta la reacción del gobierno nacional, que reculó en chancletas ratificando que no incrementará las retenciones a la exportaciones récord del agro, mientras mantiene detenidos a los manifestantes que repudiaron frente al Congreso el pacto de entrega con el Fondo Monetario. Todo el régimen político cierra filas contra el movimiento obrero y popular.

Se topan sin embargo con una respuesta a la altura de estos ataques. La campaña nacional y extraordinaria movilización que hizo retroceder al dictador jujeño Morales, es solo una muestra de la pelea por defender el derecho a luchar contra el ajuste. La marcha federal que se viene será sin dudas un nuevo golpe a esta política represiva.