Taser para los Chocobar

En una nueva medida de reforzamiento represivo, el gobierno habilitó hoy la utilización por parte de las fuerzas federales de pistolas Taser, que emiten descargas eléctricas que paralizan a sus víctimas.


La resolución, publicada en Boletín Oficial, llega luego de la compra de 300 de estas armas informada a principios de año. Mientras en aquella ocasión se anunciaba su uso para aeropuertos y estaciones de trenes -y en el caso de la Ciudad, que adhirió a esta política, a los subtes-, el reglamento publicado esta mañana lo extiende a cualquier ámbito de actuación de los vigilantes.


El ministerio de Seguridad insiste en los considerandos del decreto con que las Taser constituyen armas “no letales” y producen solo “efectos pasajeros en el organismo humano sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento”. Tal embellecimiento ha sido refutado por Amnistía Internacional -que registró al menos 497 víctimas letales de su uso entre 2001 y 2012- y por el Comité contra la tortura de la ONU, que la denunció como una “forma de tortura” por el intenso dolor que genera. Otros estudios han mostrado que pueden causar hernias, dislocaciones en tendones y ligamentos y hasta fracturas.


A su turno, la cartera presenta a la Taser como “un medio intermedio para ejercer un uso racional y gradual de la fuerza ante situaciones de enfrentamientos con personas violentas o amenazantes”. Pero el gobierno autorizó en diciembre un reglamento que da a las fuerzas represivas vía libre para el uso de armas de fuego, consolidando la doctrina según la cual, como dijo Bullrich luego de reunirse con Luis Chocobar, “la Policía no es culpable en un enfrentamiento” -aunque dispare como Chocobar por la espalda y a quemarropa. Si los agentes tienen tal libertad para disparar balas de plomo, ¿qué nivel de “racionalidad” puede esperarse en el uso de este “medio intermedio”?


Sin ir más lejos, el decreto define en su artículo 5º los escenarios que habilitan a disparar las Tasers -como lo hacía el reglamento de diciembre para las armas de fuego- de una manera completamente ambigua, como “cuando se manifiesten conductas violentas que indiquen la inminencia de un ataque al agente o a terceras personas”, y señala en su capítulo 4ª que antes de hacerlo los agentes deberán identificarse a viva voz, “salvo que dicha acción pueda suponer un riesgo de lesiones para otras personas, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil”. Es decir que los vigilantes pueden disparar sin aviso en cualquier situación que a su criterio se vea peligrosa.


El gobierno dota con esta medida de armas de tortura a fuerzas represivas descompuestas, organizadoras del delito, entrelazadas con el narcotráfico, las barrabravas y las redes de explotación sexual. Solo en la última semana se conocieron los casos de una agente de la Bonaerense que integraba una banda de ladrones en La Plata (Infobae, 1/5) y de otra de la policía santacruceña ligada una red de trata (Tiempo Sur, 2/5), y tuvo lugar el fallo absolutorio a los desaparecedores de Paula Perassi -entre ellos cinco policías-, que dio lugar a una pueblada de repudio en San Lorenzo (Santa Fe).


La habilitación de las Taser se suma a una amplia agenda reaccionaria, que incluye entre otras avanzadas la persecución a los migrantes, la represión a las manifestaciones populares, el intento de bajar la edad de imputabilidad, la protección de policías denunciados por gatillo fácil y la reinstalación -en profundización a lo realizado por el gobierno anterior- de las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna.


Con el nuevo decreto se da un arma más a las fuerzas represivas para avanzar sobre las movilizaciones que enfrentan el ataque a los salarios, los puestos de trabajo y el conjunto de las políticas de ajuste, y ante la perspectiva de una rebelión popular contra las mismas.


A su turno, el macrismo agita la cuestión del reforzamiento policial en clave electoral, en una demagogia “a lo Bolsonaro”, en un cuadro de crisis social y económica que raja las paredes y acrecienta el repudio al gobierno.


El movimiento popular, que salió a la calle masivamente para reclamar por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y que con un millón de personas en las calles obligó a retroceder el 2×1 a los genocidas, tiene planteada una intensa movilización para derrotar esta avanzada represiva.