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Desde un principio, la causa de Mariano Ferreyra se caracterizó por la acción intimidatoria a los posibles testigos, pactos de silencio, presiones sobre los trabajadores que acompañaron a la Verde sobre las vías y amenazas directas a quienes dieron su testimonio.

En la etapa de instrucción fueron amenazados los testigos Esteche y Sotelo. El primero fue interceptado por dos sujetos que lo intimaron a no hablar, y la noche previa a ratificar el testimonio, su casa fue baleada. Por su parte, a Sotelo llegaron a secuestrarlo por unas horas, y presentó más de doce denuncias. Ellos dos fueron las primeras personas en declarar en la causa que no pertenecían ni al grupo de las víctimas ni de los agresores, realizando importantes reconocimientos de los hoy imputados. También durante la instrucción, recibieron amenazas los tercerizados pasados a planta permanente: Diego Cardias (quien solicitó ingresar al programa de testigos) y Ariel Pintos.

Los compañeros de Causa Ferroviaria, en particular Jorge Hospital, sufrieron amenazas telefónicas.

Damián Reynoso, quien acompañó en sus últimos minutos a Mariano, fue amenazado en forma reiterada telefónicamente.

José Luis García, jefe de Administración de Personal y Liquidación de Haberes de Ugofe entre 2007 y 2009, quien expuso la asociación mafiosa entre la empresa y el sindicato, también resultó víctima de amenazas.

Esto fue tenido en cuenta por la propia Cámara Nacional de Casación Penal al denegarle la excarcelación a Pedraza y su patota, señalando que existían presunciones de que intentaba obstruir la investigación a través del amedrentamiento de testigos.

La mayoría de las denuncias de la etapa de instrucción fueron archivadas por la Justicia o se encuentran por archivar.

Semejante impunidad ha llevado a que el juicio se salpique con nuevas amenazas y sus respectivas denuncias.

En la audiencia del 9 de agosto, el CELS puso en conocimiento del tribunal y de las partes, que en el día de la víspera, un importante testigo de la causa recibió amenazas telefónicas. El anónimo le dijo: "No declares o te vamos a romper todo".

Una semana después, Jorge Hospital sufrió seguimientos y vigilancia de sujetos extraños en su vivienda.

"Cacho" Andino, del MTR, quien declaró el jueves 4 de octubre, denunció que días antes dos hombres que bajaron de una moto roja, lo llamaron por su apellido y lo amenazaron para que no declare haber visto una escopeta en el lugar de los hechos. Recordemos que el proyectil que le extrajeron a Nelson Aguirre resultó ser de un arma compatible con una escopeta, lo cual concuerda con la descripción de que existieron varios patoteros armados.

El mismo día que declaró Andino, Alfonso Severo debía declarar, pero no pudo hacerlo.

Se encontraba privado de su libertad, apareciendo con vida por la noche.

Ninguno de estos tres nuevos hechos ha avanzado en su investigación para su esclarecimiento.

En la audiencia del lunes 8 de octubre se puso nuevamente al tribunal en conocimiento de un nuevo testigo amenazado, Edgardo Mari, con la particularidad de que dicho testigo ya dio su testimonio ante el tribunal. Agredieron el frente de su casa con pelotitas de acero, semejantes a las encontradas en el lugar de los hechos en que fuera asesinado Mariano. La intimidación se completó con llamadas telefónicas.

El resguardo estatal no puede pasar por la privación de la libertad de las víctimas, que es lo que sucede al someterse al programa de protección de testigos. Tampoco el Estado puede excusarse en que los testigos no acepten dicha "protección", ya que tiene la obligación de investigar estos hechos, aún cuando la víctima no impulse sus expedientes.

Reclamamos la investigación completa de las amenazas y la expulsión de los privatizadores y la burocracia del ferrocarril.