A dos años del comienzo del juicio contra César Arakaki y Daniel Ruiz, se acerca la fase definitoria. Ambos fueron llevados a juicio oral y público por su participación en las masivas movilizaciones del 14 y 18 de diciembre de 2017 contra la reforma jubilatoria del macrismo. En particular, por su participación en la movilización del 18, cuando la Cámara de Diputados aprobó el saqueo a los jubilados de la Argentina.

Aquellas jornadas masivas de diciembre de 2017 fueron completamente definitorias respecto del rumbo del gobierno de Macri, pero también del que lo sucedió de Alberto Fernández. Sucede que luego de imponerse en las elecciones de medio término, el entonces presidente Macri anunció la puesta en marcha de un plan de “reformismo permanente”. Ese plan, se iniciaba con la reforma antijubilatoria y proseguiría de inmediato con una reforma laboral contra toda la clase obrera de nuestro país, y así de corrido. El golpe popular recibido por el macrismo en ese diciembre quebró el plan de nuevas reformas antiobreras y un ataque de proporciones a toda la población.

Son esos planes abortados por la clase capitalista argentina, luego de esa expresión de masivo repudio popular, los que hoy reaparecen en la escena nacional. Nuevamente las patronales, ahora de la mano de Alberto Fernández, insisten en imponer una mayor flexibilización en los convenios colectivos y nuevos ataques a los trabajadores. Tanto en su momento como ahora, son las exigencias de los capitalistas y el FMI las que imponen la agenda de los gobiernos de la Argentina.

A poco de comenzar este juicio, fue la propia querella la que se retiró. Ni bien comenzaron a exhibirse las “pruebas”, el propio policía “afectado” por la movilización desistió del juicio tras comprobar rápidamente que ni Arakaki ni Ruiz podían haber sido los causantes de las lesiones. Esta evidencia muestra con absoluta claridad la persecución específica que montó la justicia sobre la militancia de la izquierda y en particular sobre la militancia del Partido Obrero. En repetidas ocasiones se visualiza un accionar policial que irrumpe con motos, camiones hidrantes, gases y balas de goma sobre la masiva movilización, y en particular sobre las columnas de la izquierda, identificadas con sus banderas.

Las decenas de agentes policiales que pasaron a testificar en el juicio, señalan al Partido Obrero en diversas circunstancias donde nuestro partido se encontraba comprobadamente en cualquier otra situación. ¿Cómo va a caber una imputación de atentado a la autoridad, cuando es “la autoridad” quien irrumpe sobre la movilización popular? ¿Cómo se pretende acusar a un trabajador de lesiones si fueron miles y miles de trabajadores los que fueron violentamente reprimidos por la gendarmería y la policía? Desde esta misma óptica rechazamos las imputaciones de “intimidación pública” cuando es el Estado quien abierta y descaradamente intimida a los trabajadores, jóvenes y mujeres que luchan por sus reivindicaciones.

En lugar de los compañeros Arakaki y Ruiz, quienes deberían estar en el banquillo de los acusados son los diputados macristas, y el propio Macri, que definieron abiertamente un curso de ataque contra los trabajadores argentinos. También Patricia Bullrich y todos los que dirigieron el plan represivo, tanto del 14 como del 18 de diciembre, que se convirtió en una verdadera cacería contra los centenares de miles de trabajadores movilizados en las inmediaciones del Congreso nacional. En lugar de esto, tenemos dos compañeros a los cuales se les pretende endilgar delitos que nada tienen que ver con haber formado parte de la reacción popular que suscitó la reforma jubilatoria y la política del macrismo en el gobierno. Tanto es así, que el desfile de policías convocados por la fiscalía a declarar como testigos tuvieron que confirmar uno tras otro que nunca habían participado de movilizaciones tan masivas como las de diciembre de 2017.

El 20 de septiembre a Comodoro Py

El lunes 20 de septiembre comienza la fase final del juicio contra César y Daniel. Con ellos, estamos todos los que luchamos en cada una de las causas populares. Rechazamos cualquier pretensión de condenar a los compañeros y alertamos a toda la población que de ser así, estaremos en presencia de una reprimenda contra los derechos de manifestación más elementales de la Argentina. La fase final de este juicio infame coincide con un nuevo ajuste que desatará nuevas movilizaciones populares. Enfrentar la criminalización de la protesta en este cuadro social y político tiene una importancia central. La elección del Frente de Izquierda, con mas de un millón de votos en todo el país, es un espaldarazo a este objetivo.

Los compañeros y compañeras de Actuemos y el Frente de Artistas, junto con Apel (Asociación de profesionales en Lucha), Músicos Organizados y los comités de lucha por la absolución de los compañeros convocan una gran movilización el 20 a Comodoro Py para exigir la absolución de César y Daniel y la inmediata libertad a Sebastián Romero. Llamamos a todas las organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales combativas, de Derechos Humanos a movilizarse masivamente por esta exigencia. Lograremos la absolución de los compañeros con los métodos de la movilización. Todos por la absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz.