Tucumán: abajo el avance represivo

Por la derogación de la ley de contravenciones. Por el cese de las razzias y los operativos de averiguación de antecedentes


El secretario de Seguridad de la provincia, Paul Hofer, reconoció que el fin de semana se realizaron operativos de control en los ómnibus urbanos en diferentes puntos de la provincia consistentes en pedirles a algunos pasajeros el DNI para hacer, con un sistema de scaneo, la averiguación de antecedentes.


 


El Secretario planteó que son operativos de rutina que la policía provincial ya  viene realizando en la capital provincial.


 


En el megaoperativo de este fin de semana participaron la policía de la provincia, la Federal, la policía aeroportuaria y la Gendarmería. La participación de fuerzas nacionales y de la provincia muestra que entre el gobierno de Macri y los gobernadores no solo han conformado una coalición ajustadora, sino también, una coalición represiva contra la población más pobre y trabajadora.  


 


La averiguación de antecedentes con un sistema parecido, el “digicom”, fue introducida en 1978 por la dictadura, en época del Mundial de fútbol, con la cual se realizaban operativos en medios de transporte o directamente en la vía pública y bares, y se cotejaban las cédulas de identidad con el archivo de antecedentes de las personas.


 


En Tucumán, durante la dictadura, en 1980, se decretó una ley de contravenciones que contemplaba el arresto por averiguación de antecedentes, o por un cúmulo de hechos calificados como contravenciones. Con el retorno al régimen constitucional, en Tucumán se derogó lo primero, pero se dejó en pie todo el resto.


 


En el 2010, frente a denuncias de varios hechos criminales cometidos por la policía en el marco de la ley de contravenciones, ésta fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de la Nación y por la Corte de la provincia, a pesar de lo cual el entonces gobernador José Alperovich, no la dio de baja. Ahora, con Juan Manzur, no sólo la mantiene en pie, sino que con aval del gobierno nacional vuelven a la política de averiguación de antecedentes en abierta violación a la libre circulación de las personas.


 


El gobierno plantea que así se puede detectar a personas buscadas por la justicia. Y pretende explotar a su favor la indignación popular por el crecimiento de la ola delictiva, pero lo cierto es que estos operativos no apuntan a combatir el delito sino a hacer habitual el despliegue  de fuerzas represivas federales y de la provincia, creando al mismo tiempo un clima de intimidación a la juventud y a la clase trabajadora que es la que habitualmente usa estos medios de transporte.


 


La ola delictiva ha crecido porque las bandas operan con la complicidad de la misma policía e incluso de la justicia. Así lo demuestran todos los hechos criminales ocurridos en la provincia en los últimos años.


 


Por la derogación de la ley de contravenciones. Por el cese de las razzias y los operativos de averiguación de antecedentes. Es necesaria una campaña de pronunciamientos y movilización para lograrlo. Están en juego los más elementales derechos democráticos.