Este viernes pudo continuar la primera sesión del juicio oral y público contra Bussi, que había sido suspendido cuando el genocida “se descompensó”. En esa oportunidad, Bussi fue llevado en ambulancia a un sanatorio privado pero, según denunció su personal, se bajó sin inconvenientes para ingresar al sanatorio. Posteriormente, tanto los análisis del propio sanatorio como del perito de la Corte, demostraron que Bussi estaba en perfectas condiciones para hacerse presente en el juicio. Como lo han denunciado varios juristas y luchadores de derechos humanos, Bussi está siguiendo la política de Pinochet, que se “descompensaba” cada vez que tenía que declarar, postergando cualquier juicio hasta el punto que falleció sin que se lo pudiera condenar.

La reanudación del juicio tuvo como novedad que Bussi hizo un alegato en defensa de su rol como jefe de la V Brigada de Infantería y luego como gobernador-interventor militar en Tucumán. El alegato de Bussi fue, en realidad, una suerte de confesión de cosas que ya se sabían, pero que el militar describió para sostener su defensa, al sacar a luz toda la política genocida que se instrumentó no sólo en la época del Proceso, sino mucho antes, bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón y del gobierno de Amado Juri, cuando la provincia había sido declarada zona de operaciones.

Bussi reconoció que se crearon cientos de centros de detención, que desde febrero de 1975 se habían confeccionado listas y los procedimientos para proceder con cada uno de ellos. Bussi, en nombre de que la provincia y el país vivían “una guerra”, justificó la represión criminal. Bussi denunció que Guillermo Vargas Aignasse era un “perejil y un buchón”. Vargas Aignasse era uno de los miembros prominentes de la Fanet, una corriente derechista del PJ, que tuvo a muchos miembros de aquel entonces en los gobiernos post-Proceso, como Antonio Guerrero y Díaz Lozano, entre otros.

El juicio recién comienza y queda mucha tela por cortar, en especial porque Bussi es un testigo directo de la represión genocida bajo el período de un gobierno formalmente constitucional y democrático, y donde buena parte del personal político, tanto del PJ, como de los demás partidos patronales, pueden quedar comprometidos.

A principio de año, el intento de Alperovich de promover en la Corte provincial a Sassi Columbres, un ex colaborador del gobierno procesista de Merlo, desató un escándalo y tuvo que ser archivado. En el gobierno actual hay decenas y decenas bussistas y procesistas de aquel entonces, y Bussi es un testigo de todo ello. Por eso se ha reclamado que se tomen los recaudos para que no ocurra un caso Febres u otros, si se dispusiera a ventilar todo lo que sabe.