En Villa Alem, en el sur de la capital, un adulto mayor sobre una motocicleta es abordado por cuatro policías que lo increpan y lo tiran del vehículo haciéndolo caer pesadamente sobre el piso. Luego lo esposan mientras desde el interior de una vivienda otras personas gritan que solo había ido a comprar medicamentos.

En un barrio de las Talitas, una localidad del interior, efectivos arremeten disparando por la calle contra un grupo de vecinos que se defienden a pedradas.

En la localidad de Famaillá, una persona llega a su casa en un auto y, mientras desciende, de varios móviles bajan policías para detenerlo. Al no poder lograr su cometido uno de ellos se sube al vehículo particular y se lo lleva mientras amenaza a la familia.

Estas situaciones se conocieron porque fueron filmadas. Muestran el papel y la actuación de las fuerzas de seguridad en la cuarentena obligatoria dispuesta por el gobierno nacional. Las denuncias contra la policía incluyen el pedido de coimas para liberar a los detenidos por violar la cuarentena. Este accionar no es exclusivo de Tucumán, y se extiende en todo el país. Mientras el número de aprehendidos en la provincia asciende a más de 4.500, las ayudas sociales como el bono social de $ 10.000 o la entrega de alimentos a comedores y merenderos escasea o directamente no se concreta. Es claro que se prioriza el accionar represivo frente a miles de trabajadores que viven de changas y al día.

Las potestades para las fuerzas en el marco de la cuarentena no fueron explicitadas por el gobierno nacional, las fuerzas policiales lo tomaron como una vía libre para avanzar con razias en las barriadas pobres y actuar indiscriminadamente. Estas actitudes no se registraron en barrios acomodados o countries. En la localidad de Yerba Buena (uno de los barrios de la burguesía), pasado varios días de la cuarentena recién se prohibió la actividad física en una avenida utilizada usualmente para eso.

La pandemia no cambia la función policial ni su descomposición.

Las fuerzas de seguridad, en las que recae la tarea de hacer cumplir la cuarentena, es la misma que viene cometiendo todo tipo de atropellos a diario en los barrios, especialmente contra la juventud. Es la que asesinó en marzo de 2018 disparándole por la espalda a Facundo Ferreyra, un niño de 12 años que circulaba en moto junto a un amigo en la zona de la terminal. Sus asesinos estaban bajo los efectos de drogas al momento del hecho y uno de ellos luego fue detenido por robar una cartera. El gatillo fácil tiene un historial negro en Tucumán y al caso de Ferreyra se puede sumare el de Miguel Pérez Reyes, asesinado en el barrio San Cayetano en diciembre de 2016, o el caso del Ismael Lucena, ultimado por dos policías de civil en el barrio El Grafico en noviembre de 2011. Son los que liberan zonas para robos y los que, de cuando en cuando, son detenidos por ser partícipes directos de bandas dedicadas a hacer “entraderas”. Estas acciones son funcionales a los gobiernos de turno que ante la falta de respuestas a los graves problemas sociales necesitan mantener a raya y regimentada a la población trabajadora.

Un ejemplo de la cobertura que dan los gobiernos a las fuerzas represivas, lo tenemos con el código contravencional local que fue sancionado bajo la última dictadura militar. Este fue declarado inconstitucional en 2010 por la corte suprema. Entre los considerando planteó que dicha normativa no cumplía con los estándares mínimos de constitucionalidad por atentar contra el derecho a la libertad por no permitir ningún tipo de defensa ante su aplicación de parte del acusado. Hasta el día de hoy, es la que se aplica en las barriadas. Es claro que el problema policial viene de arriba.

El planteo de que estas fuerzas de seguridad están interesadas en garantizar la cuarentena es falso. En estos días se viralizó una foto de un local de Havanna con clientes en las mesas en abierta violación a las disposiciones, esto a pesar de que el local está rodeado de policías por su ubicación céntrica. En los últimos días la situación explosiva ha empezado a surgir con fuerza de manera pública en todo el país, ollas populares y reclamos obreros contra despidos y suspensiones. En la localidad de Famaillá no hay ninguna patronal a la que siquiera se le haya llamado la atención por violentar la cuarentena y obligar a sus trabajadores a concurrir, pero la policía sí estuvo para arremeter contra los trabajadores de la cooperativa San Lorenzo Mártir que protestaban pacíficamente contra los despidos en las inmediaciones del hospital zonal.

Defendamos los derechos laborales

Se hace imprescindible coordinar y organizar la defensa irrestricta de los derechos laborales. En el caso de Tucumán el pago de los salarios del mes de marzo en muchos rubros vino con descuentos por los días “no trabajados” y atrasos. Esto ya provocó acciones de lucha. No se puede dejar pasar estos atropellos en nombre de la cuarentena, al contrario, una cuarentena en regla cuidando la salud pasa por tener los recursos para alimentarse y pagar los servicios. Cobra fuerza el planteo de un seguro universal de $ 30.000 para todos los desocupados y el cumplimiento de la prohibición de despidos y suspensiones. En esta tares está empeñado el Partido Obrero.