El 24 de diciembre de 2016, en vísperas de Navidad, Miguel Reyes Pérez, joven de 24 años residente en una de las barriadas del Gran San Miguel de Tucumán fue atacado por la policía en un clásico caso de gatillo fácil.

 

Familiares lograron subir al joven en una camioneta y lo llevaron al hospital. Miguel llegó en estado de gravedad y debió ser trasladado a un sanatorio para recibir una operación. Tras 24 días en coma, falleció.

 

Una semana antes del ataque policial, Miguel había sido amenazado, en un intento de arresto por parte de un policía apodado “Rambito”, quien le dijo: “Ahora andá, pero en donde te pille, te dejo en el cajón”. La amenaza se materializó el 24, en horario de la siesta, cuando Miguel se encontraba con amigos a unas cuadras de su casa,  en el barrio San Cayetano, y al verlo a “Rambito” junto a otros efectivos de la policía se retiró asustado pero fue alcanzado en la esquina de su casa. Allí lo ejecutaron con un disparo en la frente y lo golpearon reiteradas veces en la cabeza con la culata de una itaka.

 

Los familiares y vecinos fueron testigos del ataque, llegaron incluso a grabarlo, y cuando intentaron socorrer a Miguel recibieron golpes y  tiros al aire. El lugar se llenó rápidamente de personal policial, que se dedicó a reprimir a los vecinos.

 

La coartada de la policía fue que se trató de un enfrentamiento, en tanto responsabilizan a Miguel de un robo y afirman que portaba un arma. Sin embargo, nunca se encontró tal arma y la prueba de parafina le dio negativa. Por esta acusación, el joven permaneció con custodia policial en toda su estadía en el sanatorio.

 

Los familiares de Miguel se movilizaron a Tribunales para denunciar a los policías asesinos y las acciones de hostigamiento y amenazas que recibieron. Personal policial encapuchado llegó a presentarse, en horarios de la noche, en la casa del joven y lo amenazaron de muerte.

 

Cabe destacar que la comisaría denunciada tiene distintas denuncias de atropellos a la población. Recientemente, se realizó el juicio por el caso de Celeste, joven trans torturada y abusada por 7 policías de esa comisaría.

 

Familiares y vecinos de Miguel emprendieron el camino de organizarse sumándose a las marchas de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad para denunciar el crimen y lograr justicia.

 

El entrelazamiento de la policía con todas las formas de la delincuencia organizada, sumado a los atropellos y crímenes policiales, se ha traducido en un creciente odio popular que ha tenido en los últimos años distintos tipos de manifestaciones que llegaron al nivel de puebladas y quema de las comisarías.

 

Frente a esta situación, el Secretario de Seguridad anunció que crearán una oficina para la defensa legal de los policías que sufren distintos ataques por parte de la población y la modificación del código penal para que toda acción popular, incluida los insultos, sean penalizada con la cárcel.

 

El próximo 26 de febrero, en el marco de la 11va jornada de Lucha contra la impunidad al cumplirse 11 años de la desaparición y crimen de Paulina Lebbos, es una oportunidad para llevar la denuncia del caso de Miguel.

 

Basta de gatillo fácil y violencia institucional. Justicia por Miguel Reyes Pérez.