Tucumán: se inició la megacausa por el “Operativo Independencia”

El 5 de mayo se realizó la primera audiencia de la megacausa “Operativo Independencia”, el mayor juicio por delitos de lesa humanidad que se desarrolla en Tucumán. En la misma hay diecinueve imputados -todos ellos ex integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad- por delitos cometidos contra 270 víctimas. Se estima que el juicio se extenderá por más de un año, la fiscalía tiene anotados 1.500 testigos.


A diferencia de los juicios anteriores, que se organizaban según el centro clandestino de detención, éste tiene la particularidad de referenciarse según las fechas en que sucedieron los hechos, por lo cual forman parte de la causa distintos centros, entre ellos el de la “La Escuelita” de Famaillá, primer centro de detención, torturas, violaciones y exterminio del país.


El Operativo Independencia fue impulsado bajo el gobierno de Isabel Perón un 5 de febrero de 1975, por medio del decreto 261/75, con el objetivo de "neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos". Fue rubricado por el presidente interino Italo Luder, junto a los ministros Antonio Cafiero y Carlos Ruckauf, ya que “Isabelita” se encontraba de licencia, y ratificado por el Congreso de la Nación. A partir de ese momento se abrió paso a la intervención masiva de las Fuerzas Armadas (Ejército y Fuerza Aérea) y otras como la Gendarmería y la Policía Federal, militarizando la provincia.


El operativo estaba formalmente dirigido a aniquilar a un foco guerrillero rural del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), pero la represión se extendió más allá para terminar concentrándose sobre el activismo y los dirigentes obreros, especialmente azucareros. Durante todo ese período la población tucumana vivió bajo el toque de queda y el estado de sitio. Según figura en la mega causa, el 7% de las víctimas de la represión de Estado fueron integrantes del ERP-PRT o de Montoneros, mientras que un 50% eran obreros azucareros. El resto, empleados públicos, artistas, intelectuales, estudiantes.


El Operativo Independencia se extendió hasta 1977. En su primera fase estuvo dirigido por el general Acdel Vilas y a partir de diciembre de1975 pasó el mando de Antonio Bussi, que fue beneficiado por el Punto Final bajo la presidencia de Ricardo Alfonsín y terminó siendo gobernador de la provincia en el período 1995 y 1999 bajo la presidencia de Menem.


El Operativo Independencia fue un eslabón clave en la preparación del golpe de Estado de ’76. El gobierno constitucional de la provincia estaba pintado, las decisiones principales eran tomadas por las fuerzas armadas que impusieron un régimen de terror y de completa impunidad en sus accionar.


Con posterioridad a la transformación de la Escuela Diego Rojas en la siniestra “Escuelita” de Famaillá, por donde pasaron más de 1.500 detenidos, se fueron abriendo otros centros clandestinos hasta llegar a 30, según datos oficiales. Algunos medios estiman que fueron 80 los centros de exterminio que operaron en la provincia.


La megacausa en curso sólo contempla a una parte de las víctimas. Se calcula que hasta el golpe fueron más de 700 las desapariciones y muchas más las víctimas de detenciones y torturas que lograron sobrevivir. Tampoco están contempla a las víctimas del Operativo ya en el período dictatorial, entre ellos el ex soldado Alberto Ledo, cuyo caso debería llevar al banquillo a César Milani, jefe del Ejército bajo el kirchnerismo.


El número de imputados es irrisorio. Si bien muchos represores han fallecidos, fueron miles los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que intervinieron en la represión genocida. La fiscalía no involucró en la causa a ningún responsable civil.


La gran ausente por decisión de los jueces es María Estela Martínez de Perón, que no fue imputada y tampoco será citada como testigo, a pesar a su responsabilidad política indelegable. Persistir en la impunidad de Isabel y de Juan Domingo Perón sobre los crímenes de la Triple A y del Operativo Independencia es en éste una política de Estado.


El Partido Obrero se movilizó junto a otras organizaciones de izquierda y familiares se frente al tribunal el día de la audiencia. Por los 30.000 compañeros, reforcemos nuestra lucha por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad de ayer y hoy.