Todo el trabajo de Claudia Ferrero, la abogada y militante de Apel y del Partido Obrero que representó a la familia fue crucial para lograr estas condenas.

 

Su alegato desnudó frente a los ojos de los doce jurados las responsabilidades políticas y el entramado de negociados que se cobró la vida de Darío.

 

Claudia describió frente al jurado la lucha librada desde la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos para conseguir el video de las cámaras de seguridad del municipio, que tardó un año y medio en aparecer.

El alegato fue contundente hasta el detalle, al momento de describir el plan criminal y la huida desesperada de los trabajadores frente a la emboscada de la patota, destruyendo la teoría de la “espontaneidad” y el “homicidio en riña” que sostenían los defensores.

 

“Si resuelven condenarlos por un homicidio en riña, no podremos ir por Walter Leguizamón”, explicó nuestra compañera. El secretario general de la Uocra Lomas de Zamora “fue a defender a los tiros el negocio de las coimas que los empresarios pagan para que el sindicato haga la vista gorda frente a las condiciones de trabajo de los obreros . De cada cien trabajadores de la construcción, diez no vuelven a sus casas. Esa es la verdadera  corrupción que mata”. 

 

Anticipándose a los artilugios que la defensa presentaría a su turno, Claudia señaló a los jurados un antecede clave: “si van a buscar antecedentes de casos como éste, se van a encontrar con el de Mariano Ferreyra, por el cual fue condenado José Pedraza”. También denunció a Gerardo Martínez, el jefe de la patota de la Uocra y ex agente de inteligencia de la dictadura militar.

 

Fue la claridad y la contundencia de la denuncia sobre las responsabilidades de cada uno de los acusados lo que consiguió que el jurado fallará condenando a la patota, a pesar de las maniobras y el desgaste.