Hace un año, el 17 de octubre de 2017, aparecía un cuerpo en el Río Chubut. Cuatro días después, el inicio de la autopsia confirmaba que se trataba Santiago Maldonado. Llevaba 77 días desaparecido.

Un año después, la causa por las responsabilidades del crimen de Santiago sigue impune. La investigación, en lugar de avanzar sobre el accionar de Gendarmería nacional, del único gendarme imputado y de las autoridades políticas que digitaron el plan criminal que terminó en su muerte, se ha orientado a la persecución de los testigos y quienes reclamaban el 1 de agosto sobre la ruta 40. La represión que corrió a los manifestantes hasta la vera del río Chubut a pesar de encontrarse la ruta despejada fue planificada un día antes, cuando el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti se reunió con las fuerzas de seguridad de las provincias de Chubut, Neuquén y Rio Negro y definieron el modo, bajo la cobertura –demostrada falsa– de la “flagrancia”.

La familia ha presentado sucesivos pedidos de que se ponga en pie un equipo de peritos independiente que pueda investigar los hechos. Sin embargo, este requerimiento ha sido denegado en todas las oportunidades por la Justicia, que ha trasladado la causa a Trelew, dificultando el seguimiento de la misma por parte de la familia y de sus abogados. Asimismo, la familia Maldonado ha recusado a la fiscal Silvina Ávila, que ha actuado en favor de la línea oficial durante todo el proceso. La misma también ha sido rechazada. El juez a cargo de la causa, Gustavo Lleral, tampoco ha tomado en cuenta el informe de la Procuraduría de Violencia Institucional. Sobre el desarrollo de las pruebas necesarias en la investigación, como por ejemplo la cantidad de días exactos que el cuerpo permaneció en el agua o las pericias sobre el estado del DNI, la querella ha informado muchas inquietudes.

El gobierno ha intentado en dos oportunidades el cambio de carátula de “desaparición forzada”, tal como se titula desde mediados de septiembre la causa y que implica la intervención del Estado en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, a la de “muerte dudosa”, para resolver el caso como una serie de desafortunados eventos.

A la ofensiva judicial acompaña un feroz hostigamiento político que desde el poder, trolls y medios de comunicación, aún ejercen contra la familia de Santiago y quienes apoyan su causa, en forma de ataques personales y acusaciones sobre supuestos intereses personales en la búsqueda de verdad y justicia por Santiago Maldonado.

El plan del gobierno es cada vez más claro. El decreto presidencial del mes de julio que ubica a Gendarmería nacional para proteger los “objetivos estratégicos”, como los recursos naturales de la cordillera, es una hilvanada más. Las fuerzas de seguridad al servicio de garantizar las condiciones a los pulpos petroleros y mineros. Es decir, responder con represión a los reclamos por las tierras y contra la entrega de los recursos naturales de nuestro suelo. Esa es la política que terminó con la muerte de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel y que están encubriendo. Es la que está detrás de la extradición de Jones Huala, pedida por el gobierno chileno y recientemente autorizada por la Justicia argentina. Los dos Estados son responsables de la muerte de Santiago. Santiago Maldonado no “se ahogó” ni su muerte es responsabilidad de una fatalidad ni de su accionar ni del reclamo. La lucha por verdad y justicia continúa.

Este jueves 18, a las 18:30h, presentación del libro Pasen música, el caso Santiago Maldonado en la era de la posverdad, en la Facultad de Ciencias Sociales (Santiago del Estero 1029, CABA) con Carlos Mangone, Martín Becerra, María Eugenia Contursi y los autores, Mariana Romano Diego Rojas.