Entrevista con el doctor Alberto Luciani, abogado defensor de seis de los trece trabajadores petroleros que llegaron al juicio en la causa Sayago.

-¿Qué consideraciones te merece la sentencia?
-Creo que quedó demostrado que había muchas presiones políticas y económicas para que se diera una condena como finalmente aconteció, sin olvidar el contexto en que se dio la sentencia; en plena huelga policial en el resto del país, esta sentencia fue un claro mensaje a favor de las fuerzas represivas; para contenerlas.

Por otra parte, pocas veces vi una sentencia tan arbitraria y tan mal fundamentada como ésta, pero claro está con todas las irregularidades que se cometieron en ese proceso, los magistrados intervinientes no tenían con qué justificar y validar la sentencia que ya tenían preconcebida previamente, tal como lo habíamos sostenido nosotros.

-¿Cómo fue la relación de los abogados defensores con el tribunal?
-Tuvimos muy fuertes cruces con los jueces, lo cual nos valió muchos llamados de atención y hasta amagues de sanciones disciplinarias (lo cual sucede porque en Santa Cruz no hay colegio de abogados, por lo cual son los mismos jueces los que sancionan a los letrados: con lo cual obviamente nuestros trabajo se ve muy limitado por la disparidad de poderes con que actuamos frente a tamaño aparato represivo judicial). De hecho, estoy asumiendo la defensa de una colega que también actuó en este juicio (doctora Rosa Razuri), ya que a pedido de un juez de Las Heras, el Tribunal Superior de Justicia le inició un sumario por las críticas que emitió esta colega amiga en su alegato final contra ese magistrado. Hasta los abogados han terminado sujetos a represión, lo cual demuestra lo descabellado y bestial de todo este sistema.

-¿Qué sucedió con los imputados absueltos?
-Asumí la defensa de seis compañeros en esta causa; dos de los cuales fueron absueltos, ya que nadie los nombró en el juicio y ni siquiera recibieron pedido de condena de las partes acusadoras (tres querellantes y un fiscal de Cámara), con lo cual quedó patente lo absurdo y arbitrario de haberlos imputado y mantenido presos durante tres años en esta causa, y sujetos a torturas y apremios por cada una de las comisarías en donde estuvieron detenidos con la fama de ser los terroristas más feroces de todo el mundo… Estas personas perdieron su trabajo (eran trabajadores petroleros), perdieron amigos, sufrieron tremendos daños corporales y psíquicos, y perdieron muchos años de su vida injustamente, lo cual nadie les devuelve.

-¿Cómo sigue la lucha?
-Nosotros ya hemos denunciado en muchas otras ocasiones lo arbitrario y poco respetuoso del debido proceso y de las garantías individuales que cometen, no sólo esa Cámara que intervino en este juicio, sino del juez de Garantías, que termina convalidando todo lo que hacen sus pares de Instrucción (que son verdaderas atrocidades jurídicas, muchas veces como quedó demostrado hace poco también con el famoso caso Cingolani, que era aquel imputado que se casó con la gemela de la mujer que supuestamente había asesinado, caso que tuvo cobertura hasta de medios internacionales y que, finalmente, fue absuelto por el tribunal Superior de Justicia al anularse todo el juicio, luego de permanecer en prisión por tres años y medio). Aquí no sólo están en juego los derechos y la suerte de estos imputados, sino los derechos de toda la clase trabajadora y de todos los ciudadanos en general, ya que sentar un precedente como el de este caso es retroceder varios años en cultura jurídica y en conquistas sociales.

Tenemos la esperanza de revertir la sentencia de condena contra algunos de los imputados y en eso estamos trabajando firmemente, lo cual también va a depender en forma directamente proporcional al poder de movilización y de protesta que ocurran por la injusticia de esa lamentable y lastimosa sentencia.

Omar Latini