Horacio Verbitsky ha dedicado su columna de Página/12 a señalar que el juicio de Mariano Ferreyra es el resultado de “los cambios producidos en las instituciones argentinas”. La detención de Pedraza y su patota, según el presidente del Cels, sería un mérito del kirchnerismo.

La policía y los “confidentes”

Verbitsky reivindica el procesamiento de los seis jefes de la Policía Federal “que fueron partícipes necesarios del crimen, al liberar la zona para que actuaran los homicidas, no identificarlos ni detenerlos después (…) y anular los instrumentos de registro de voz e imagen útiles para determinar responsabilidades”. Incluso llama a esta intervención policial “violencia institucional”. Pero ¿no es la Policía la ‘institución’ represiva por excelencia del poder político, al que sirve verticalmente? La connivencia policial con el crimen -que incluye la acción coordinada de ¡cuatro comisarías!- no podría haberse llevado adelante en desconocimiento de la más alta cúpula de la Federal y del ministerio a cargo. Esos jefes policiales, y sus responsables políticos, no están imputados en el juicio. Los que sí fueron acusados sólo lo están por “abandono de persona”, como si hubieran cometido una negligencia menor.

Verbitsky revela la entrevista de un “arrepentido” de la patota con la Presidenta, según él, la punta del ovillo para la detención de los demás. Con ello, no hace sino reconocer la incapacidad oficial para avanzar en un esclarecimiento a través del aparato estatal. En esos días, la policía se encargaba de eliminar pruebas documentales del crimen, sin que el gobierno atinara siquiera a una investigación administrativa. Tuvo que ordenarse un allanamiento judicial sobre la Federal para que la documentación vinculada al crimen de Mariano comenzara a aparecer.

Apenas asumió su cargo, la ministra Nilda Garré ascendió a uno de los actuales procesados, el comisario Lompizano. En vez de investigar a la Policía, la ministra debutó con una cruzada política y judicial contra el Partido Obrero y los trabajadores tercerizados, que Verbitsky sostuvo desde su columna (Lompizano sólo fue destituído cuando las evidencias de su participación en el crimen de Mariano resultaban abrumadoras).

Pedraza, ayer y hoy

Verbitsky dedica un largo párrafo de su nota a relatar la trayectoria de Pedraza, desde un supuesto pasado combativo hasta llegar al “sindicalismo empresarial” que, según él, es una rémora del neoliberalismo. Se olvida, sin embargo, del episodio más reciente de esa trayectoria: el apoyo brindado por Pedraza desde la cárcel a la formación de una central “oficial”. Según ha trascendido, la sede del confederal de la llamada CGT “Balcarce” no sería otra que la propia sede de la Unión Ferroviaria. Ni el gobierno, ni los sindicalistas que le responden de un modo directo, han rechazado este apoyo de Pedraza.

El sindicalista empresario, por lo tanto, no es una espina de los noventa. Hunde sus influencias y relaciones políticas en el “modelo” que, según Verbitsky, habría contribuido a encarcelarlo. Para desmentir al columnista oficial, están las propias evidencias de la causa Mariano Ferreyra y sus escuchas telefónicas. En primer lugar, la del ministro Tomada con Pedraza -dos meses después del crimen de Mariano. Allí, Tomada le propone “manejar” la cuestión del ingreso de los tercerizados al ferrocarril, para que el poder de la burocracia sindical no resulte desafiado por esa conquista. Una segunda escucha, con la viceministra de la cartera, Noemí Rial, data del momento mismo de la detención de Pedraza: ella se pone “a su disposición”. Un año antes del crimen de Mariano, la Presidenta calificaba a Pedraza y a la Unión Ferroviaria como “el modelo del sindicalismo que construye” (noviembre de 2009).

Las responsabilidades políticas

La tercera pata de la trama que condujo a este crimen es la ‘unión de empresas’ (Ugofe) conformada por Roggio, Cirigliano y Romero, los concesionarios del ferrocarril privatizado. El crimen de Mariano puso de manifiesto la sociedad entre los capitalistas y la burocracia sindical para consumar el vaciamiento del ferrocarril y la precarización de sus trabajadores. Verbitsky denuncia en su nota al pacto noventista que inició esta sociedad. No dice, en cambio, que el kirchnerismo lo reforzó hasta el cansancio, incluso después del crimen de Mariano. Guillermo Antonio Luna, hombre de la burocracia y artífice del régimen de las tercerizaciones, sigue al frente de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario junto a los socios de la Ugofe. Uno de ellos -el grupo Roggio- ha extendido sus tentáculos a casi todos los ramales ferroviarios. Verbitsky y la Presidenta se atribuyen los méritos de las imputaciones judiciales a Pedraza. Pero en el plano que le cabe al gobierno -el de las responsabilidades políticas- no se avanzó un milímetro en terminar con el entramado que desnudó el crimen de Mariano. Si las denuncias del Partido Obrero sobre este sistema de agresión a trabajadores y usuarios hubieran sido escuchadas, no tendríamos que lamentar dos años después otro crimen, el de 51 trabajadores en la Estación Once. Aún después de este desastre, el gobierno ha preservado a los culpables en la gestión del ferrocarril. Verbitsky resolvió ignorar en su nota al crimen de Once -seguramente, porque no encajaba en su caracterización del asesinato de Mariano como ‘rémora del pasado’.

La columna de Verbitsky apunta a salvar la responsabilidad del gobierno en esta trama. Pero si la búsqueda de justicia resulta condicionada a esa operación de encubrimiento, entonces no tendremos justicia.

En definitiva, hemos impuesto el comienzo de este juicio con Pedraza preso contra el régimen político y social que rescató a los privatizadores, al aparato represivo de las zonas liberadas y a la burocracia de los sindicatos. Del mismo modo, una condena a perpetua de Pedraza y los demás, y la extensión de las responsabilidades a los cómplices empresariales y políticos exige una lucha sin ataduras contra ese régimen, denunciando sus compromisos de hierro con la patota y sus mandantes capitalistas. Esa es la orientación que llevó a Pedraza a la cárcel, no las ‘secretas’ gestiones oficiales.