Un fallo de la Corte, con el voto del PJ y la Alianza

La Corte Suprema acaba de dictar un fallo que impide a los familiares de la desaparecida Alejandra Lapacó continuar las investigaciones tendientes a conocer su paradero. Aunque formalmente los tribunales no están obligados a seguir la jurisprudencia de la Corte, sus decisiones en disidencia acabarían como las del ‘caso Lapacó’. «Uno de los integrantes de la Cámara Federal, que pidió no ser identificado, afirmó que con la sentencia de la Corte es muy difícil continuar con el trámite de esa causa (se refiere a la causa del Primer Cuerpo de Ejército) y del expediente de la Esma» (La Nación, 15/8).


Según la Corte, «darle trámite al pedido que había hecho Carmen Aguiar de Lapacó para que la Cámara Federal solicitara informes a distintas dependencias públicas sobre el paradero de su hija, implica reavivar la persecución penal contra los militares» (idem). Este fallo viola groseramente todos los derechos constitucionales y hasta los tratados internacionales que firmó Argentina.


Este fallo aberrante sólo fue posible con el voto de uno de los jueces, Beluscio, cercano al radicalismo y a la Alianza. Otro, que habitualmente vota con la ‘mayoría automática’ menemista (Antonio Boggiano) votó en contra de la resolución porque viola «las obligaciones que (Argentina) asumió en los foros internacionales y la Convención sobre Desaparición Forzada de Personas, por la cual se obligó internacionalmente a investigar la verdad histórica» (ídem).


El veto para que los familiares puedan investigar el paradero de los desaparecidos ilustra, una vez más, la continuidad política y jurídica entre la dictadura y la ‘democracia’.

En esta nota