Un fallo político

Petroleros de LAS HERAS

las heras petrolerosEl fallo que condenó a la rigurosa pena de prisión perpetua a cuatro trabajadores por el homicidio del policía Jorge Sayago y a cinco años de prisión a otros compañeros por los delitos de “coacción agravada contra el Estado provincial” (sic) y “lesiones graves” apunta a convalidar política y jurídicamente la confiscación del salario a través del impuesto a las ganancias y el fraude de la tercerización laboral y respaldar el accionar ilegal del aparato represivo de la provincia, incluidos el espionaje y la tortura.

Los hechos
La muerte de Sayago ocurrió como resultado de las múltiples heridas recibidas durante una pueblada ocurrida en Las Heras, provincia de santa Cruz, en el año 2006. Los petroleros encabezaban entonces una durísima lucha contra la aplicación del impuesto a las ganancias sobre sus salarios y por el reconocimiento de centenares de trabajadores encuadrados en el convenio de la Uocra -con menores salarios y conquistas- como trabajadores del petróleo. Uno de sus líderes fue detenido y el pueblo entero se dirigió a la comisaría para reclamar su liberación. La policía respondió con gases y balas de goma y, en el marco de esa represión, Sayago cae. Inmediatamente, el gobierno lanza una caza de brujas, militarizando la localidad y dando luz verde a una campaña de terror, que incluyó “testimonios” arrancados bajo tortura y violentos allanamientos. Los voceros del oficialismo, por su parte, atribuian la huelga y el crimen del policía al Partido Obrero.

El poder político -con el apoyo de la oposición radical- se propuso escarmentar a los levantiscos petroleros del norte santacruceño mediante un “castigo ejemplar”, que es el que acaba de producir el tribunal de Caleta Olivia. El juicio fue un fraude escandaloso, donde lo único que quedó probado fueron los apremios policíacos sufridos por testigos e imputados. Los acusadores no pudieron presentar una sola prueba contra los compañeros que resultaron condenados.

Los compañeros permanecerán libres hasta que la sentencia quede firme, luego de las apelaciones.

Un fallo político
En los fundamentos de su voto, el juez Monelos -que no es especialista en derecho penal sino en civil y comercial, e integró el tribunal en calidad de subrogante- sostiene que los trabajadores de Las Heras que se movilizaban contra el impuesto al salario defendían un interés egoísta. “Se trata una pretensión que implica en realidad un privilegio sobre el resto de los trabajadores”. Para este magistrado, “lo que es malo es no aumentar la escala acorde a la inflación”, avalando de un plumazo la confiscación salarial.

El mismo juez se ocupa, además, de respaldar la tercerización laboral, que en la industria petrolera es la norma. Afirma que el reclamo de reencuadramiento era ilegal. “El tema de los afiliados a la Uocra y su reclamo de ser incluidos en el convenio petrolero no se ajusta a la ley”. Pero Indus -la empresa a la que pertenecían los petroleros tercerizados que encabezaron el reclamo- está lejos de ser una empresa contratada para obras “eventuales”. Se especializa en la soldadura de los tubos que trasladan el petróleo de los pozos a las bocas de almacenamiento, un trabajo regular y fundamental para la industria del petróleo, contemplado en el convenio de los trabajadores petroleros, pero que se ha tercerizado con el objetivo de reducir costos empresarios.

Si bien las condenas no fueron adoptadas por unanimidad -la presidenta del tribunal, Cristina de los Angeles Lembeye, se pronunció por la absolución de los acusados- los tres jueces avalaron la realización de tareas de inteligencia prohibidas por la ley 25.520, invocando que “el hecho de haber existido en la comisaría fotos de ciudadanos que participaban en los cortes de ruta no es violatorio de dicha ley. Está enmarcado en las tareas de investigaciones policiales”. Una verdadera tomadura de pelo.

Este esfuerzo jurídico por salvar la actividad ilegal de la policía -realizada tanto antes como durante la investigación-, su reivindicación del “impuesto a las ganancias” -como prefieren llamar al escandaloso impuesto al salario- y de la tercerización laboral en el gremio petrolero en perjuicio de los obreros encuadrados en el convenio Uocra, dejan al desnudo su objetivo de conformar a la corporación policial con la vista puesta en la represión contra los trabajadores de Santa Cruz, al servicio de los monopolios petroleros.


Claudia Ferrero (Apel)