Las acusaciones contra los manifestantes del 14 y 18 de diciembre, entre ellos los militantes del PO César Arakaki y Dimas Ponce, no resisten el menor análisis.

Solamente la presión del gobierno, que ordenó reducir la rebelión contra el guadañazo a los jubilados en un asunto penal, puede explicar la arbitraria decisión de los jueces de mantener privados de su libertad a los compañeros.

En el caso de las seis personas que permanecen detenidas desde el 14 de diciembre, Bonadio los acusa de haber participado en "tumultos y desórdenes públicos" con la "intención de infundir un temor público suficiente como para coaccionar la actividad parlamentaria que fuera convocada en esa fecha". Para la doctrina jurídica, el “tumulto” a la actividad de un grupo alzado, con la idoneidad y armamento suficiente como para oponerse a la fuerza del gobierno en abierta hostilidad. No existe una sola prueba de que estas personas estuvieran conjuradas; por el contrario, se trató de detenciones al boleo. Entre ellos, hay dos personas en situación de calle. ¿Qué responsabilidad tienen estos seis compañeros de que el gobierno no pudiera reunir quórum suficiente para la sesión prevista para aquel jueves 14? La sesión fracasó como resultado de la crisis política desatada por el repudio popular a un robo indisimulable a 17 millones de personas vulnerables, como son los jubilados que cobran la mínima y los beneficiarios de la AUH.

La prolongación de estas detenciones durante estos 20 días no tiene asidero. A la hora de rechazar las apelaciones a su situación, la Cámara se remite a que “la actividad procesal está en pleno desarrollo”. ¿Cómo podrían personas en situación de calle, como son los casos de Sebastián Giancarelli y Juan Salomón Valotta, entorpecer la investigación o fugarse si no cuentan con recursos para ello?

En los casos de Arakaki y Ponce, no hay un solo elemento de prueba que permita afirmar que sean responsables por las heridas sufridas por el policía Brian Escobar, compatibles –según las pericias– con una piedra o pedazo de baldosa. No hay ningún registro de ellos portando en sus manos otra cosa que no sean las cañas de los banderines del PO. ¿Peligro de fuga? Se presentaron por su propia voluntad ante el juzgado –en dos oportunidades en el caso de Arakaki– ni bien sus nombres comenzaron a circular en los medios de comunicación.

Según el juez Torres, en el caso de Ponce, nuestro compañero “está sospechado de haber arrojado piedras” –sin ninguna imagen o testimonio que avalen dicha sospecha– y de haber empleado –atención con esto– “el estandarte de la bandera que portaba con el fin de infundir un temor público, suscitar tumultos o desórdenes, conforme se desprende de las filmaciones y fotografías aunadas a la causa”. El magistrado se refiere a una caña hueca, que es lo único que Dimas tuvo en sus manos, como medio para “infundir temor público” y “suscitar tumultos o desórdenes”. Asimismo, el juez agrava la imputación contra Dimas por “haberse cometido por una reunión de más de tres personas”. Van a colapsar los juzgados: detrás de Dimas había una movilización de 300 mil personas, que durante horas persistieron en su voluntad de aproximarse al Congreso para manifestar su repudio al robo que los legisladores oficialistas y sus aliados se aprestaban a sancionar.

Como señaló su abogada, Claudia Ferrero (Apel), a la hora de apelar la orden de detención, se ha violado el principio de igualdad ante la ley, “desde el momento que a otras personas, luego de ser reconocidas participando en los supuestos hechos de violencia, incluso tirando proyectiles, sin embargo la disposiciones a su respecto han sido la simple citación a indagatoria y no ordenar su detención”. Es el caso del sargento de la Policía Bonaerense Damián Alejandro Ferrero, quien aparece tirando piedras con una camiseta del Club Deportivo Riestra. “Esto es que iguales circunstancias han sido valoradas en forma diferente dependiendo de que la persona identificada sea del Partido Obrero o no”. Basta recordar la “pesquisa” que realizó la división “ciberpatrullaje” en la cuenta de Facebook de Arakaki e involucró injustamente a su compañera, Celia Burgueño, y a otro militante del PO, Lucas Sauret. La directiva política de criminalizar a la izquierda en general, y a los militantes del Partido Obrero en particular, es indisimulable.

En este recuento de infamias, merece destacarse las que la justicia descerrajó sobre Sebastián Romero, el militante del PSTU cuya imagen se viralizó.

A la hora de rechazar su pedido de eximición de prisión, la Cámara Federal señaló que “más allá de las calificaciones legales que eventualmente se escojan –confesión de que hasta el momento no se ha establecido ninguna–, lo concreto es que en la instrucción se trabaja bajo la hipótesis de un actuar organizado –incomprobable– (…) con el fin de perturbar el normal ejercicio de las facultades del Congreso de la Nación”. Y añade: “desde un primer momento, Romero fue indicado como alguien que cumplió un papel central y particularmente violento en la ejecución de ese supuesto plan”. ¿Las pruebas que respaldan tan temeraria afirmación? Ninguna otra más que su imagen alzando un petardo atado con cinta de embalar en el extremo de una rama.

Vamos a derrotar esta ofensiva infame redoblando la movilización política nacional e internacional y pronto tendremos nuevamente a nuestros compañeros en la calle.