Una lucha que sigue

La lucha por Justicia para Mariano Ferreyra prosigue en distintos frentes y en diversos aspectos. En pocas semanas, comenzará el juicio oral al “perito” de la Unión Ferroviaria que intentó destruir la prueba del proyectil que mató a Mariano. También avanza la causa por el intento de coimas a los jueces de la Cámara de Casación, en la cual hay una nueva imputada. Por último, el famoso testigo protegido que aportó el gobierno está bajo investigación porque podría haber sido partícipe del crimen.

Un “perito” a juicio oral


Roberto Jorge Locles, un capitán retirado del Ejército, será sometido a juicio oral en junio por haber adulterado el proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra. Locles era perito de parte del acusado Guillermo Uño, miembro de la patota que atacó a los trabajadores tercerizados aquel 20 de octubre. Locles ni siquiera es perito y ha actuado como provocador en varios casos de resonancia pública. Una resolución ya antigua de la Corte, de 1998, indica que Locles no es perito ni idóneo en la materia, por lo que fue excluido del listado de peritos en balística dado que no tiene título habilitante. El abogado Gustavo Igounet, defensor de Uño, vinculado con un estudio que supo defender a represores de la Fuerza Aérea, difícilmente desconociera esa condición de Locles, quien es, además, un personaje casi bufonesco. En otras palabras, corresponde preguntarse si la función de Locles, contratado por la Unión Ferroviaria, no era precisamente ésa: destruir una prueba. Locles tiene experiencia en ese sentido: unos cincuenta asesinos policiales de la Bonaerense, acusados por casos de gatillo fácil, lograron zafar gracias a los “peritajes” de este sujeto.


Ahora, Locles va a juicio porque, según el dictamen fiscal, “con la supuesta finalidad de explicar su teoría (que el proyectil habría rebotado antes de herir a la víctima), golpeó de manera reiterada el proyectil contra la mesa de trabajo existente en el gabinete”, lo que le provocó a la bala “leves aplastamientos en la parte de su ojiva y cuerpo, más específicamente donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectil”.


Igounet, conviene recordar, no recibía honorarios de Uño sino de la Unión Ferroviaria y mantenía al tanto de sus gestiones y estrategias jurídicas al condenado  “Gallego” Fernández, uno de los instigadores del asesinato de Mariano.


El propósito evidente de Locles fue deformar el proyectil, lo cual tenía consecuencias directas, no sólo para establecer el supuesto rebote, sino que, además, esa deformación dificultaba la posibilidad de determinar la dirección del disparo, puesto que el lado golpeado era, precisamente, el que tenía las marcas lineales y paralelas que indican el sentido en el cual el tirador apuntó.


Locles pretendía con esa acción delictiva apuntalar la teoría disparatada que Igounet intentó introducir: que el disparo que mató a Mariano no sólo era producto de un rebote, sino que nuestro compañero había sido víctima de “fuego amigo”.


Los compañeros del Partido Obrero que resultaron heridos aquel 20 de octubre son ahora querellantes en la causa contra Locles, para quien se pedirá una condena de cuatro años de prisión efectiva -la máxima prevista para estos casos- y su inhabilitación también por el máximo previsto por el Código Penal.


La causa por el intento de coimas a Casación


Susana Planas, amiga de la infancia de la mujer de Pedraza; Graciela Coria, es una nueva imputada en el caso del intento de coima a la Cámara de Casación para lograr la excarcelación de Pedraza durante el juicio por el asesinato de Mariano. Planas era apoderada del Belgrano Cargas y de la “cooperativa” Trabajo del Mercosur.


En esa causa, como se sabe, ya estaban procesados Pedraza; el ex agente de la Side Juan Riquelme; Angel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y directivo del Belgrano Cargas; el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Escobar, empleado de la Cámara del Crimen.


Planas fue imputada por haber acompañado a Stafforini a entregar los 50 mil dólares de la coima en la oficina de Aráoz de Lamadrid, para que éste la entregara a su vez, según eran sus intenciones, a los jueces de Casación.


El juez Guillermo Rongo, a cargo del expediente, no se ha apartado de lo decidido por el juez Alberto Baños cuando procesó a los primeros imputados, en el sentido de que a los camaristas a quienes estaba destinado el soborno no se les puede atribuir el conocimiento de las intenciones de los acusados.


No obstante, de las escuchas obrantes en la causa se desprende claramente que Riquelme tuvo reiterados contactos con el camarista Eduardo Rafael Riggi y, además, que habló del asunto con miembros de la Unión Ferroviaria.


Recientemente, Gerardo “601” Martínez, el capo de la Uocra y dirigente de la CGT-Balcarce, fue citado a declarar en condición de testigo, porque las escuchas permitieron establecer que Riquelme se comprometió a hablar con él para conseguirle una vivienda al hijo de Riggi.


Hasta el momento se ha querido preservar a los camaristas involucrados en la cuestión. De todos ellos, las principales sospechas recaen sobre el citado Riggi, quien aún es vicepresidente de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, puesto que Riquelme, desde su casa, habló con Pedraza para informarle que se había reunido con él.


Una resolución que pasó inadvertida


Una de las resoluciones del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 21 que dictó sentencia por el homicidio de Mariano Ferreyra y las tentativas de homicidio contra Elsa Rodríguez y otros compañeros, ordena que se investigue al testigo Alejandro Benítez.


El tal Benítez es nada menos que el famoso testigo protegido que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, en una operación seguida personalmente por Néstor Kirchner. Luego, como se sabe, la Presidenta le atribuiría al gobierno todo el mérito de la investigación, precisamente por haber aportado ese testigo.


Benítez fue captado por las imágenes de C5N cuando llegaba con la patota que integraba para atacar a los trabajadores tercerizados aquel 20 de octubre de 2010. Se lo ve en primera fila, corriendo mientras fuma, con una mochila a sus espaldas, vestido con un buzo a rayas celestes y blancas.


Ex boxeador, Benítez trabajaba en un gimnasio de la Unión Ferroviaria que funcionaba en la estación Constitución. El hombre disfrutaba de un régimen especial de trabajo gracias a las gestiones que hizo en su favor Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte.


El testimonio de Benítez fue uno más de los que determinaron la culpabilidad de los imputados. Es más, su declaración fue coincidente con la de otros “arrepentidos” de la patota. El indicó que Cristian Favale fue uno de los tiradores y señaló el papel que cumplió Pablo Díaz en el lugar del crimen. Ahora, el TOC 21 ordenó investigarlo por ser presunto partícipe del asesinato, puesto que un testigo lo vio mientras daba órdenes junto al condenado Jorge Daniel González. Benítez, según ese testigo, llevaba un objeto que parecía un arma.


Así las cosas, el testigo aportado por el gobierno bien podría ser uno de los criminales. No obstante, no se nos escapa que este punto pretenderá ser usado por las defensas, las que habían pedido la nulidad de la declaración de Benítez y la anulación de su testimonio.

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