La política judicial que tiene como objetivo investigar y condenar a los culpables de delitos de lesa humanidad bajo la dictadura incrementa, cada vez más, una tendencia que apunta a que la impunidad reine. Si para muestra basta un botón, basta señalar que este año sólo empezó un solo juicio por crímenes cometidos bajo la dictadura.

A contrapelo del reclamo en las calles contra la impunidad de ayer y de hoy –que se verificó en las movilizaciones de este fin de semana–, la situación de no inicio de los debates orales es alarmante; la gran mayoría de los juicios de lesa humanidad que tenían fecha entre febrero y marzo del 2019 fueron suspendidos por diversos motivos y muchos de ellos, se encuentran al día de hoy sin próxima fecha de inicio confirmada. De conjunto se trata de 7 juicios suspendidos en todo el país que abarcan a 76 imputados y decenas de casos y testigos que esperan la condena por los secuestros, torturas y desapariciones sufridas por ellos mismos o hacia sus familiares, amigos y compañeros.

La tónica general es que las causas que deberían haber comenzado fueron suspendidas. En los tribunales de San Martín 27 de marzo deberían empezar los juicios Mansión Seré III y IV (con 4 imputados) y Mercedes Benz (8 imputados), donde se debería investigar la desaparición de trabajadores de la fábrica automotriz cuyos miembros de la comisión interna venían siendo investigados por los servicios de inteligencia. Suspendida.

Lo mismo sucede con una causa emblemática conocida como “Contraofensiva Montonera” que tenía fecha de inicio esta semana, y que comenzaría recién en abril. Dicha causa, que juzgará el TOF Nº 2 de San Martín, tiene a 11 genocidas entre sus imputados en perjuicio de más de 90 víctimas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas entre fines de los años 1979 y principio de los 80. La causa comprende desde el estado Mayor del Ejército, la Jefatura N°2 de Inteligencia del Ejército, el Batallón 601 de Inteligencia, el destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo y el Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, conformando un plan sistemático de exterminio que atravesó fronteras y contó con la colaboración de las fuerzas armadas y de seguridad de otros países. Asimismo, el horror de las persecuciones, detenciones y desapariciones implicaron tanto el secuestro de los militantes como el de sus hijos, con quienes habían ingresado clandestinamente al país y fueron secuestrados junto a sus padres.

Otra causa emblemática que se encuentra suspendida es la que tiene como imputado a César Milani, jefe del Ejército bajo el kirchnerismo, junto a otros 14 genocidas. Deberán responder por los delitos de lesa humanidad cometidos en La Rioja. Además Milani será juzgado en mayo junto a Esteban Sanguinetti por el Tribunal Federal N° 2 de Tucumán por la desaparición y posterior asesinato del soldado Alberto Ledo, ocurrida en 1976 en esa provincia. Ambas causas muestra la importancia de la lucha por la independencia política de los gobiernos de turno y la movilización independiente, ya que mientras desde el EMVyJ exigimos su destitución y el procesamiento por genocida a Milani, desde el gobierno de CFK lo premiaban con ascensos.

Por otro lado, en Capital Federal se suspendió la causa conocida como “Chavanne”; en Salta la que debería juzgar al único imputado ex juez Lona, quien se desempeñó como juez federal de Salta hasta 2003 y que se encuentra imputado por su complicidad con secuestros, torturas y desapariciones en la provincia, entre ellos el secuestro y desaparición del ex gobernador de Salta, Miguel Ragone y el homicidio de Santiago Arredes. Por último, la Megacausa por los delitos de lesa humanidad cometidos en de San Juan que abarca a 35 imputados también se encuentra suspendida sin próxima fecha de inicio.

La situación de suspensión de los juicios de lesa humanidad se da en un contexto de negacionsimo del genocidio por parte del gobierno nacional de Macri y cientos de arrestos domiciliarios como modalidad predominante entre los detenidos por crímenes contra la humanidad. Durante los gobiernos K, los juicios se desarrollaron a cuentagotas. No hubo decisión política de impulsar el juicio a todos los genocidas por todos los desaparecidos. Poco a poco, invocando razones “humanitarias” que casi nunca son alcanzadas por los presos comunes, se fue generalizando el otorgamiento de “prisiones domiciliarias” a los represores, cuyo cumplimiento, además, fue sistemáticamente violado. En la actualidad sólo 252 condenados sobre 977 cumplen la condena en una cárcel común.

A 43 años del golpe, seguimos hicimos luchando y levantando una tribuna contra la impunidad de ayer y de hoy. Son 30 mil. Fue genocidio. Juicio y castigo a todos los genocidas por todos los compañeros. Cárcel común y efectiva.