Vicentin, su responsabilidad en delitos de lesa humanidad

Secuestros de trabajadores y delegados hasta adentro de la fábrica.

La historia de la empresa Vicentin no es otra que la de una burguesía nacional que creció subsidiada por el Estado, desde que fue beneficiada por el gobierno de Juan Carlos Ongania con la cesión gratuita de tierras en el departamento Vera y en General Obligado y luego favorecida con la oligopolización y extranjerización de las últimas décadas. Esa asociación con el Estado también se expresó en la responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad hacia sus trabajadores ocurridos durante la última dictadura cívica militar.

El caso de Vicentin se asemeja a los de Ledesma, Clarín, Acindar, Loma Negra, Techint, Molinos Río de la Plata, Mercedes Benz, que ponen al descubierto que la trama de sobreendeudamiento, evasión impositiva, desfalco y corrupción también va de la mano con la impunidad de que gozan las empresas que cometieron secuestros de trabajadores, delegados gremiales y miembros de comisiones internas.

Recientemente, las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista han retomado la investigación sobre las denuncias de secuestros y torturas a 22 obreros que trabajaban en la fábrica Vicentin, que fueron detenidos en noviembre de 1976.

La organización independiente de los trabajadores

En enero de 1974 Efrén Venturini, Aníbal Gall y Oscar Zarza, todos trabajadores de Vicentin, encabezaron un reclamo gremial por el mejoramiento de las condiciones de trabajo, contra las jornadas laborales de 16 horas y contra los despidos. El 30 de enero, a las 9:00 de la mañana, los obreros habían abandonado los puestos de trabajo para congregarse en el patio de la fábrica junto a sus compañeros que habían sido recientemente cesanteados. Dicha concentración, se realizó bajo una fuerte custodia policial y la empresa solicitó el desalojo por la fuerza.

A pesar de las amenazas, los obreros permanecieron concentrados durante toda la tarde en la puerta de la fábrica, hasta que decidieron marchar hacia la plaza principal donde fueron interceptados por la policía, que detuvo a Venturini, Gall y Zarza, que quedaron incomunicados en la Jefatura policial de Reconquista. A raíz de estas detenciones arbitrarias, los obreros resolvieron ir al paro total de la fábrica desde el 31 de enero. Así lo votó la mayoría, que estaba nucleada en el Movimiento Obrero de Recuperación Sindical “31 de Mayo”, en oposición a las 62 Organizaciones peronistas y el Sindicato Aceitero, que desconoció la huelga.

Esta creciente organización independiente de los trabajadores permitió, un año después, la conformación de una lista opositora que desafió a la burocracia sindical y a la patronal y ganó las elecciones de la comisión interna. Efrén Venturini, Gall y Zarza fueron los activistas destacados que organizaron el cuerpo de delegados por secciones de la fábrica y Venturini fue elegido delegado general. Este triunfo reconfiguraba las relaciones de fuerza al interior de la fábrica y permitía avanzar en reclamos y demandas que la burocracia sindical había entregado sistemáticamente.

Los secuestros

La primera oleada de detenciones arbitrarias ocurrió en enero de 1976, cuando fueron secuestrados Oscar «Cacho» Zarza, Aníbal Gall y Oscar Ortiz. En entrevistas que difunden la periodista Sonia Tessa en Rosario 12 y Ana Fiol se recogen valiosos testimonios que ilustran la responsabilidad de la empresa Vicentin en la detención ilegal de varios trabajadores. “Cacho” Zarza describe que «esa (primera) detención vino de adentro de la fábrica, nos llevaron a la Jefatura de Reconquista, de ahí a la Brigada Aérea y esa noche, junto con otras 40 personas, nos metieron a patadas y bastonazos en un colectivo que, previa parada en la comisaría de San Justo, nos dejó en la GIR (Guardia de Infantería Reforzada) de Santa Fe. Estuvimos 15 días desaparecidos y después nos largaron». Aníbal Gall, en cuya casa encontraron material sindical, le armaron una causa y estuvo preso hasta que terminó la dictadura. Zarza fue detenido por segunda vez el 2 de noviembre del mismo año, quince minutos después de terminar su turno en Vicentin, mientras se dirigía a su casa. Fue trasladado a la cárcel de Coronda, donde estuvo detenido hasta la navidad de 1978.

Efrén Isidoro Venturini fue secuestrado a principios del mes de noviembre. En su testimonio describe que fue trasladado a la comisaría de Avellaneda y luego a la jefatura de Reconquista. Allí lo encapucharon, desnudaron y fue trasladado en un camión chico en horas de la madrugada, junto a once compañeros de la fábrica, con destino a Santa Fe, donde los torturaron. Venturini y otros trabajadores y delegados fueron introducidos en el circuito del terrorismo de Estado del centro norte provincial. Permaneció en la Guardia de Infantería, en Coronda, en la Comisaría de Santa Fe y en el Regimiento 12, donde fue liberado.

Entre el 2 y 5 de noviembre, fueron secuestrados veintidós obreros de la fábrica Vicentin. Se llevaron a toda la comisión directiva y a todo el cuerpo de delegados, varios de ellos secuestrados adentro de la propia fábrica mientras cumplían su turno de trabajo. Mientras los trabajadores eran secuestrados, torturados y encarcelados, la empresa los intimaba vía telegramas por abandono de tareas. Este dato reitera algo que se encontró en la causa por delitos de lesa humanidad a los directivos de Ford, porque la empresa conocía la detención de los trabajadores debido a que las familias informaron la situación a la oficina de personal cuando recibieron los telegramas, pero igual en muchas ocasiones los calificaron como “despedidos con causa” para ahorrarse las indemnizaciones.

Represión al servicio del gran capital

Vicentin también se vio favorecida por la represión y desarticulación de las Ligas Agrarias del norte provincial, un conjunto de pequeños y medianos agricultores que se agremiaron contra los monopolios, comercializadores y latifundios, llegando a nuclear a más de 20.000 familias en el nordeste argentino. Entre septiembre y noviembre de 1976, fue feroz la represión en el norte de la provincia con la desaparición de miles de los militantes obreros y populares.

Tal como ocurre con otras causas donde se investiga la complicidad empresarial durante la última dictadura militar:  prácticas empresariales represivas y de disciplinamiento laboral, la militarización de las fábricas, el aporte de información clave por parte de las empresas sobre los trabajadores, las listas con nombres de activistas, fotografías, itinerarios entre el hogar y el lugar de trabajo, la prestación de  autos y locaciones para el secuestro, tortura y desaparición dan cuenta de la responsabilidad que tuvieron para llevar adelante el genocidio.

Contra este Estado que avala la concentración de las grandes empresas nacionales, que les garantiza impunidad por crímenes de lesa humanidad contra sus trabajadores, que permite vaciamientos y fugas de capitales, debemos dar una lucha tenaz por el juicio y castigo a los responsables civiles de los secuestros, torturas y desapariciones. Contra la impunidad de ayer y de hoy. Por el aceleramiento de los juicios. Por la apertura de todos los archivos.

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