Violento ataque de la policía de Sapag

El miércoles 7 a las 13.30 hs., tres militantes del partido estábamos entregando volantes convocando a aportar a la campaña financiera del PO frente a los relojes fichadores del personal del hospital Castro Rendón. Una guardia policial que el gobierno instaló allí ya hace unos años (y que funciona como elemento intimidatorio contra el personal), pretendió sacarnos del lugar aduciendo una inexistente disposición de las autoridades del hospital.


En esas circunstancias, la dirección del hospital llamó a una división especial de la policía, que comenzó a reprimirnos en forma violenta, con bastones, esposas y gas irritante.


Ante este atropello, los trabajadores y el público que estaban en la sala de acceso salieron en nuestra defensa, lo cual originó que la represión se extendiera a todos ellos y especialmente contra el delegado de ATE, Jorge Masa, que fue duramente golpeado y detenido junto al compañero Claudio y a mí. Otros trabajadores recibieron golpes y amenazas.


El diario La Mañana del Sur informó de la intervención de ocho móviles policiales y más de 20 policías.


Los policías nos golpearon salvajemente y nos trasladaron esposados a la comisaría primera. La reacción de los trabajadores del hospital, de los militantes del partido y de la directiva de ATE no se hizo esperar. En minutos, estaban en la comisaría atronando el hall de entrada al grito de «a los compañeros la libertad, a los represores la cárcel ya».


También, rápidamente, llegaron los abogados del gremio.


«La reacción de una treintena de empleados del hospital y de militantes partidarios fue espontánea. Irrumpieron en la guardia de la dependencia policial y exigieron la inmediata liberación de los detenidos» (Río Negro, 8/10).


Ante esta movilización y las crecientes manifestaciones de repudio, se nos llevó al hospital nuevamente para ser revisados. Allí fuimos liberados por la movilización. Sigue abierta una causa por «desacato y resistencia a la autoridad».


En mi caso particular, quedé internado, al aparecer restos de sangre en la orina producto de los golpes recibidos en la zona de los riñones.


Para el día siguiente, se convocó a una numerosa asamblea en el hospital que responsabilizó a las autoridades del hospital por la feroz represión. Exigió el inmediato retiro de la policía del nosocomio y la derogación de la supuesta norma (textual) que prohíbe actividades políticas dentro del hospital.


El viernes, el director del hospital entregó un comunicado donde reconoce que no existe ninguna disposición que prohíba una actividad como la que estábamos desarrollando y se hace responsable del ‘error’. También afirma que nunca autorizó «tal operativo», que sólo se limitó a pedir que fuéramos»invitados» a retirarnos y que esto se hiciera con «mesura y respeto». Todo esto también lo reconoció verbalmente en una entrevista que tuvo con Alberto Vidal (responsable del Comité Regional del PO) luego de la asamblea. (Al otro día, otros dos militantes que estaban dentro de un automóvil en una playa de estacionamiento para participar de las actividades, fueron bajados por la policía y detenidos «en averiguación de antecedentes», marcando una clara intencionalidad de persecución política contra nuestro partido. Estos compañeros fueron rápidamente liberados ante las gestiones de los abogados).


En el marco de la tercerización de diversas áreas de este hospital (limpieza, etc.) y de otros hospitales y ante la próxima inauguración de otro gran hospital en la zona Oeste de la capital (donde los servicios de cocina, seguridad, vigilancia, limpieza, mantenimiento y otros ya arrancan privatizados), la brutal represión y la presencia policial en los nosocomios se explica por sí misma. El sapagismo ha tomado la decisión de llevar a fondo la privatización de la salud pública y la entrega de la obra social estatal, como parte de un conjunto de medidas más generales contra los trabajadores (caída de planes Trabajar, eliminación de los subsidios de la ley 2128, privatización del Banco Provincia, etc.).


Para Sapag, la actividad política independiente de los trabajadores es un delito. La intervención de Seguridad Metropolitana así lo demuestra. Que hayan intervenido ocho móviles y más de 20 policías para «invitar con mesura y respeto» a dos militantes también lo demuestra. Que se hayan bajado de los móviles con los bastones en las manos también lo demuestra. Que haya actuado como lo hizo (en otra escala) el 2 de octubre del ‘95 en Casa de Gobierno y durante las puebladas de Cutral Co y con los docentes en el puente, también lo demuestra. Se prepara ahora una querella penal contra los que autorizaron y participaron de la represión. Espontáneamente, muchos testigos fueron dejando sus datos para ser convocados. Lo mismo se verificó en todos los medios radiales y televisivos, donde trabajadores del hospital y pacientes que se encontraban en el lugar relataron el salvajismo del accionar policial.

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