El Tribunal Oral a cargo de la Masacre de Once autorizó a Ricardo Jaime, al empresario Mario Cirigliano y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Pedro Ochoa Romero, a ausentarse del juicio.

El ex secretario de Transporte solicitó no asistir a las audiencias argumentando que reside en Córdoba y tiene “muchos costos” de viaje, su co-imputado Cirigliano adujo genéricas razones laborales.

Los camaristas Jorge Tassara y Jorge Gorini votaron a favor de conceder el pedido, mientras Rodrigo Giménez Uriburu lo rechazó y advirtió ¿irónicamente? que “los defensores no han acreditado que el traslado entre Córdoba y Buenos Aires sea realmente una complicación monetaria”. El tribunal, al menos, rechazó el argumento de Ochoa Romero planteando que la situación del juicio “afectaba a su familia”, por no ser una causal prevista por el código.

Los argumentos laborales del empresario Cirigiliano, quien sigue en la administración del subsidiado grupo Plaza, “conmovieron” a todo el tribunal.

Recordemos que la mayoría de las querellas y la fiscalía acusaron al ex secretario de Transporte Jaime de no controlar las condiciones de funcionamiento y utilización el material rodante, como tampoco la infraestructura ni la aplicación de los fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de TBA, situación que creó el escenario de la tragedia. Y que dicha situación se verificó desde el momento en que Jaime se hizo cargo de la Secretaría de Transporte.

La solicitud de no asistir al juicio encierra un mensaje por elevación, los imputados eligen no presenciar la producción de pruebas en su contra porque consideran que nada de lo que se diga en el juicio tiene que ver directamente con su persona.

Así lo sostuvo Jaime en su indagatoria cuando afirmó: “Durante dos años me pregunté por qué estoy en este juicio”.

Que el tribunal se lo haya permitido revela que éste no es imparcial a la voluntad de vaciamiento y silenciamiento del juicio de parte del gobierno nacional.
La tibieza de la fiscalía, para oponerse a que sea otorgado este beneficio, deja al desnudo la intervención de la Procuración en la misma línea.

Estos acontecimientos son un claro reflejo de la voluntad del Ejecutivo nacional de silenciar la masacre, mientras se trata de colocar al actual ministro de Transporte Randazzo como presidenciable.

Sólo una gran movilización popular en contra de la impunidad impedirá un resultado adverso en este juicio.

Claudia Ferrero (Apel)